Allende y la soledad de las víctimas

La ley del silencio es lo que imperaba en las regiones controladas por Los Zetas. Un ejemplo es lo ocurrido en Allende, Coahuila, en marzo de 2011.

Los policías municipales estaban al servicio del grupo delictivo y sus redes de apoyo se habían construido desde 2009, por lo que algunas familias ricas del pueblo también participaban en sus negocios.

Corría el dinero, que provenía, sobre todo, de las 50 toneladas de cocaína que cada año se introducían a Estados Unidos por Piedras Negras.

Los Zetas controlaban,  desde el propio Centro Varonil de Readaptación Social, casas de cambio, lotes de autos, bares, restaurantes, discos y toda la vida nocturna de la zona fronteriza relacionada con la prostitución.

En las propias crujías fabricaban chalecos antibala y uniformes apócrifos de policías y militares. Entraban y salían a su antojo.

Pero había algo más, sólo explicable en el reino de la impunidad: los patios de la prisión se utilizaban para ejecutar a enemigos del grupo delictivo. Se les disparaba en la nuca y luego los cadáveres eran “cocinados” en tambos de metal de 250 litros.

Es más, algunos zetas de importancia, si se encontraban en riesgo inminente, preferían dormir en las celdas, porque ahí contaban con la protección que requerían.

Desde la llegada de jefes del Cártel del Golfo y de sus sicarios, Los Zetas, en 2004, la zona fronteriza de Coahuila empezó a padecer de mayores índices delictivos. Entre aquel año y 2012 la tasa de homicidios dolosos pasó de 9.36 a 25.4 por cada 100 mil habitantes.

Pero la desgracia sobre Allende cayó luego de dos decomisos de droga en los que participaron, inclusive, agentes de la DEA. Hay datos de que una delación de la propia agencia provocó la furia asesina.

Pagaron justos por pecadores y se desató una de las violaciones más grandes a los derechos humanos en los últimos años, con un saldo de 39 personas desaparecidas, 41 vecinos detenidos de forma arbitraria y destrucción de 46 viviendas, en algunos casos utilizando maquinaria pesada.

Fueron 48 horas de terror, en que la única autoridad presente, los policías municipales, estaban al servicio de Los Zetas y los ayudaban en los allanamientos y en el traslado de víctimas.

La Comisión de Derechos Humanos acaba de emitir una recomendación (10 VG/2018) en la que describe la desesperación de aquellos días y la impotencia de quienes cayeron en manos de los criminales.

Todos los responsables de brindar seguridad fueron omisos y por ello se vulneraron múltiples derechos.

Allende es un espejo, quizá de los mas nítidos de los estragos que causa la colusión de la autoridad con los bandidos. Hay otros, por supuesto, y no queda sino trabajar para desmontar esas redes corruptas; pero sobre todo, para propiciar una vida en paz.