Desapariciones: ni son todos los que están…

Salvador del Río

Cuanto más indefensa es una

criatura, más derecho tiene a

ser protegida por el hombre

contra la crueldad del hombre

Mahatma Gandhi

Para la Organización de las Naciones Unidas, y en general para las instancias de defensa de los derechos humanos, desaparición forzada es aquella que el gobierno directamente comete o la perpetrada con su conocimiento y consentimiento por grupos o personas ligadas a él. Así, y sólo así se configura la desaparición forzada.

La Convención de la ONU contra las desapariciones forzadas creó en 2002 el comité que año con año se reúne en Ginebra para examinar los problemas de los diferentes países signantes de la Convención de Viena, en relación con esos delitos, la cual emitió en días pasados una serie de recomendaciones a México para la prevención y la investigación de las desapariciones forzadas, para el castigo a los responsables y la atención a las víctimas.

En su respuesta al reporte del Comité de Ginebra, el gobierno de México expresó que en ese documento no se reflejan los puntos del informe presentado sobre una serie de medidas que ya están en práctica y otras en vías de instrumentarse. Días después, el propio Presidente de la República hizo unas declaraciones en las que establece claramente que en el caso de los desaparecidos de la escuela normal de Ayotzinapa —citado por el Comité de Ginebra como ilustrativo de la generalización de las desapariciones forzadas en nuestro país, tiene ciertamente esa característica porque en su comisión se ha comprobado la intervención de autoridades municipales del estado de Guerrero.

La generalización que hace el Comité de Ginebra, contiene equívocos que reducen la preocupación fundamental por las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, al solo aspecto de las desapariciones forzadas y la tipificación de este delito como responsabilidad única del Estado o del gobierno de un país.

Desaparición forzada, como apenas se señaló en la pasada reunión de Ginebra, también es cometida por particulares sin el consentimiento y aun en contra de la voluntad del gobierno. Ilustran esa realidad las cifras de los desaparecidos y las muertes violentas en los últimos años, reconocidas en las estadísticas del crimen en México: más de 80 mil personas fallecidas en la lucha emprendida en 2006 contra el narcotráfico y el crimen y más de 23 mil no localizadas desde la década de los años setenta.

Bajo el concepto generalizado de desaparición forzada será un error afirmar que la totalidad de esos 23 mil des-aparecidos, es consecuencia de acciones del gobierno o de grupos relacionados con el Estado. Cuántas de esas personas habrán desaparecido, tal vez muerto y sus restos arrojados en fosas clandestinas o calcinados en los cientos de basureros descubiertos a raíz de las investigaciones de Ayotzinapa, es una cuestión de difícil esclarecimiento. Las desapariciones de esas personas podrían engrosar la lista de los más de 80 mil muertos de la guerra contra el crimen o bien podrían obedecer a diversas circunstancias ajenas a la acción o la voluntad del gobierno. En la estimación de las desapariciones forzadas, ni son todos los que están ni están todos los que son.

Las definiciones del concepto de la desaparición forzada comenzó a conformarse en las instancias internacionales, a partir de los años ochenta del siglo pasado, principalmente por las violaciones a los derechos humanos en diversos países de América Latina. Esa preocupación se ha extendido a otros ámbitos y en los últimos años comprende —o debería incluir— los crímenes masivos cometidos por el terrorismo o con el pretexto de la lucha contra el terrorismo, que constituyen también crímenes de lesa humanidad semejantes a la desaparición forzada y al genocidio. De esas escaladas de violencia son responsables, o pueden serlo, tanto gobiernos como grupos organizados inspirados en distintas motivaciones políticas, religiosas, raciales o en defensa de la seguridad, pero en manera alguna justificables en el concepto del más elemental de los derechos humanos, que es el derecho a la libertad y a la vida.

Señalar, como lo hacen instancias internacionales y organizaciones no gubernamentales, la desaparición forzada, y exigir su prevención, castigo y justicia a las víctimas, es sólo una parte de la preocupación sobre el problema de la violencia, la intolerancia y el crimen que ofenden y amenazan a la sociedad entera.

El ejemplo de México es indignante y doloroso. El crimen y la violencia echan raíces en la base misma de una sociedad en la que la vida y la seguridad son despreciadas. El reclamo, pues, no puede centrarse en la culpabilidad al gobierno, sino en la exigencia de atacar las causas de esas aberraciones, tarea que a todos nos corresponde.

 Gazapos. El término sujeto tiene varias acepciones y variados empleos. Como adjetivo, sujeto es algo o alguien dependiente: sujeto a la voluntad de alguien; una decisión está sujeta a análisis. También, sujeto es un elemento, explícito o implícito, dentro de la oración; es el nombre o sustantivo que precede al verbo. En contraposición, sujeto no es, como se quiere emplear en el exceso en la jerga de la nota policíaca, para referirse a un delincuente, presunto o en flagrancia. Un sujeto armado, se dice, entró a la tienda y amenazó al dependiente para apoderarse del dinero. En otro escenario, se diría que un hombre entró a la tienda para comprar algo. El sujeto, pues, será siempre el delincuente. Error que evade el género, pues nadie diría que una sujeta entró armada a un establecimiento con la intención de robar.

srio28@prodigy.net.mx