Diagnóstico equivocado

Si llevan a un enfermo grave a un médico y éste equivoca o esquiva el diagnóstico, lo más seguro es que el paciente fallezca.

El paciente es la reforma educativa, la cual desde el momento mismo de su aprobación en lo general por los Diputados (diciembre de 2012) encontró la oposición de la entonces lideresa del SNTE, la maestra Gordillo, quien pronosticó su fracaso por el apartado que obligaba a los profesores a aprobar evaluaciones para mantener la plaza docente.

El tema no era nuevo. En mayo de 2011, la propia maestra Gordillo había suscrito con el Secretario de Educación Alonso Lujambio, el Acuerdo para la Evaluación Universal de Docentes y Directivos, señalando que tal evaluación “será obligatoria para obtener un diagnóstico con fines formativos, generar las estrategias pertinentes y oportunas que mejoren sus competencias profesionales, así como su desempeño y, consecuentemente, mejorar la calidad de la educación en las escuelas públicas y privadas”. (López Aguilar, 2013)

Desde el planteamiento de la reforma, hubo un amplio debate en el que ocupaba un lugar preeminente el poderoso sindicato magisterial, factótum en múltiples aspectos administrativos del sector educativo, frente al papel formal que desempeñaba el Estado. Estudiosos del asunto plantearon que esa dicotomía requería de investigación para fortalecer “el diseño de una reforma que considere la complejidad del fenómeno y potencie sus efectos en la calidad educativa”. (Bensusán y Tapia, 2012)

Más allá de la lucha por el poder, el problema que se ha buscado con la formulación de la reforma educativa es atender “el calamitoso estado de la educación mexicana. En la última prueba PISA, realizada por la OCDE en 2016, México ocupó el lugar 58 en la capacidad de los estudiantes para entender problemas científicos, el 55 en comprensión de lectura y el 56 en matemáticas. En los tres casos, estamos casi treinta puestos debajo del promedio de los setenta países en donde se llevó a cabo el examen” (Romero 2018).

El problema consiste en que el médico seleccionado para atender al paciente, o sea el candidato puntero en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, ya decretó su muerte sin entrar en los pormenores de un diagnóstico, simplemente alentado por grupos de dirigentes magisteriales de la CNTE y prófugos del SNTE quienes, a cambio de oferta de votos, esperan ansiosos el deceso para comenzar o volver a disfrutar de la herencia.

Aunque lo ha dicho repetidamente, su manifestación más reciente tuvo lugar en un ampliamente comentado encuentro con periodistas de un diario capitalino, diciendo: “vamos a cancelar la mal llamada reforma educativa”.

Llama la atención que en el texto titulado Proyecto de Nación 2018 – 2024 (532 páginas), en el apartado Educación, Ciencia y Valores, el tema central sea la autonomía universitaria de las instituciones particulares de educación superior y no se encuentre una palabra dedicada a la educación básica, la cual, está, precisamente, en la base de la pirámide educativa.

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Imposible negar que en el proceso de aplicación de los lineamientos de la reforma ha primado lo administrativo y eso ha sido señalado, sin entrar en profundidades. El estribillo “la reforma es administrativa y no pedagógica” se escucha incluso en boca de personas ilustradas y vinculadas a la educación.

En su inicio se interpretó que la evaluación era un mecanismo de castigo. Sin embargo miles de maestros ya han participado en la evaluación y comenzado a entender que es punto de partida de una labor que exige mejora constante, en tiempos de acelerado proceso de cambio en el ámbito del conocimiento.

Una reforma indispensable de la Ley General del Servicio Profesional Docente deberá dar relevancia a los mecanismos de estímulo y no a los de sanción, además de plantear mejorías realistas en lo concerniente a remuneración.

Sin el sustento de la evaluación resulta imposible avanzar en los fines formativos que pactaron en 2011 Gordillo y Lujambio. Para ello la SEP ha preparado y distribuido guías académicas para el examen de conocimientos y competencias didácticas docentes en once temas, desde el nivel preescolar, la primaria, varias secciones de la secundaria, hasta la educación especial.

En la base de la reconstrucción integral de sociedades profundamente dañadas por conflictos bélicos como Japón, Alemania y Corea del Sur, están sus sólidos sistemas educativos que destacan en comparaciones internacionales.

No es ocioso señalar que en la prueba PISA, México se encuentra por debajo de Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica y Colombia y sólo supera a República Dominicana en el conjunto latinoamericano.

A la presión de los segmentos sindicales que buscan un cambalache de resultados en las aulas por resultado en la urnas, se unen burdas interpretaciones ideológicas que consideran “la búsqueda de una mejoría pedagógica como el más rancio educacionismo (la idea de que la educación es la panacea, y su carencia la explicación de todos los males), que aleja el riesgo de que se cuestionen a fondo el sistema socioeconómico vigente”. (Pérez Rocha 2012)

López Obrador también ha anunciado que buscará cancelar otras reformas, de carácter económico, pero allí entrarán en acción los sectores afectados, los cuales cuentan con vastos recursos para defender sus intereses. A cambio, los niños, los jóvenes y los padres de familia estarán carentes de tales protecciones.

¿Sería demasiado pedir a AMLO que convoque a parte de los expertos que formularon el Proyecto de Nación para que revisen acuciosa y honradamente lo caminado y, conforme al resultado de su análisis, propongan, los ajustes que amerita la base jurídica de la reforma, para empezar a privilegiar lo pedagógico?

Si el trabajo ya realizado se sepulta por comodidad política, se llevará a la tumba la urgencia de mejorar la calidad de la enseñanza desde el nivel primario, condenando a México al estancamiento futuro por falta de cuadros para abordar los múltiples retos del desarrollo en un mundo caracterizado por una implacable competencia.