El costo de la democracia electoral en los estados

Derrotero Económico

Por Mario Guzmán y Gustavo Rivera

Mucho se ha escrito sobre el (altísimo) costo de la democracia electoral a nivel federal en México. Sin embargo, lo que pocos han podido probar es que la democracia electoral en los estados se ha encarecido en los últimos años. Y lo que es peor, el gasto de las autoridades electorales estatales (institutos y tribunales) es, por decir lo menos, arbitrario.

Pese a la reforma electoral de 2007, que en principio buscó reducir el financiamiento público destinado a campañas electorales y el gasto de los partidos, en los hechos el costo de la democracia electoral pasó de 6 mil 293 millones de pesos en 2004 a 9 mil 676 millones en 2012: un incremento de 53.7% en términos reales. De acuerdo con un estudio a publicar por Integralia, los datos indican que entre 2004 y 2012 el costo de la democracia electoral en los estados fue de 70 mil 14 millones de pesos, en términos reales.

Las entidades con mayor financiamiento público a sus institutos y tribunales electorales son el Distrito Federal, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz y Guerrero. Sin embargo, las que más gastan por empadronado (dividiendo su gasto agregado entre el padrón electoral en cada estado) son Baja California, el Estado de México, el Distrito Federal, Zacatecas, Tabasco y Guerrero. Estos resultados no permiten discernir una relación entre el empadronamiento estatal y el financiamiento de sus autoridades electorales.

En cuanto a los partidos políticos, contrario a lo que buscaba la reforma electoral de 2007, éstos reciben mayores recursos de los que recibían antes de la reforma. En términos absolutos, su financiamiento público pasó de mil 690 millones en 2004 a 2 mil 750 millones en 2012: un incremento de 62.8% en términos reales.

Considerando que el financiamiento a las autoridades electorales tiene como objetivo la organización de elecciones, así como el sostenimiento de su operación regular, y que los subsidios a los partidos buscan hacer más equitativos los procesos electorales en los estados, cabe preguntar si el resultado es congruente con estos objetivos y con lo que nos cuestan como contribuyentes.

La respuesta no es sencilla. Existen variaciones entre las funciones de las autoridades electorales estatales y en el contexto político de cada entidad, las cuales repercuten en el gasto. Por ejemplo, además de organizar elecciones para 60 ayuntamientos y 19 diputaciones de mayoría relativa, el Instituto Electoral Estatal de Tlaxcala tiene la obligación de organizar las elecciones de 391 presidentes de comunidad, incrementando exponencialmente el gasto del Instituto y el financiamiento que reciben los partidos. Por lo tanto, para evaluar el costo de la democracia estatal también es necesario considerar factores intrínsecos de cada estado.

No obstante, un primer acercamiento al costo de la democracia estatal arroja tres conclusiones principales: 1) a nivel estatal el gasto ha aumentado más que a nivel federal; 2) el financiamiento a autoridades a nivel estatal no parece seguir un patrón lógico o justificado; y 3) hace falta una mayor transparencia del gasto para mejorar su evaluación tomando en cuenta factores particulares de cada entidad.

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