Escándalo en Bancaja podría involucrar a México

Guillermo Vázquez Handall

José Luis Olivas tuvo en su momento todo el poder político y económico al que pudo aspirar en Valencia, España. Tuve oportunidad de entrevistarlo en dos ocasiones, una en Valencia y la otra posteriormente en Cancún, cuando inauguró la oficina de representación de Bancaja en Quintana Roo.

Aunque Olivas insiste en su inocencia, quien fuera una figura de carácter internacional, hoy es el protagonista del mayor escándalo financiero de España.

El Banco de España y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria de ese país, detectaron operaciones fraudulentas que causaron un quebranto de alrededor de 250 millones de dólares a las entidades bancarias Bancaja y Banco de Valencia, por la denominada Operación Coral.

Un Juzgado de la Audiencia Nacional señaló como responsables a Olivas y otros cuatro ex directivos de ambos bancos, por la concesión de préstamos para el proyecto turístico Grand Coral, ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo.

José Luis Olivas se desempeñó como presidente de la Generalitat de Valencia por el Partido Popular, cargo equivalente al de gobernador de un estado en México, antes de ser presidente de Bancaja y el Banco de Valencia, en su momento los bancos más importantes de Valencia y uno de los grandes grupos financieros españoles, para luego ser Vicepresidente de Bankia cuando Bancaja se fusionó con este último.

El juez Pablo González considera que los hechos investigados son graves, toda vez que suponen los delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y administración desleal por su intervención en las operaciones relacionadas por el grupo Grand Coral en México.

Desde el punto de vista del juez, José Luis Olivas intervino en la autorización de préstamos con carácter de urgente en la citada Operación Coral, los cuales, según informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, fueron otorgados con diversas irregularidades en el procedimiento.

De ello se desprende que los empresarios Juan Ferri y José Salvador Baldo, propietarios de Grand Coral y amigos cercanos de Olivas, se beneficiaron de manera fraudulenta directamente con la cantidad de 140 millones de dólares.

Con esos montos Ferri y Baldo llevaron a cabo una cadena de transferencias bancarias a nombre de sociedades vinculadas a ellos, en cuentas radicadas en Suiza y Andorra.

Olivas concedió al menos dos créditos de refinanciamiento de “deuda viva” a la Sociedad Grand Coral, que tuvieron que ser observados como dudosos por razones de morosidad desde el año 2010, sobre todo porque su refinanciamiento no cumplió con las normas del Banco de España.

Bancaja aprobó esos créditos por la incapacidad manifiesta de las sociedades del Grupo Grand Coral para hacer frente a los vencimientos correspondientes al financiamiento.

Según el informe pericial, estas operaciones provocaron un obvio perjuicio económico a Bancaja que, en contraste, se tradujo en un notorio beneficio económico para los socios de Grupo Grand Coral, Ferri y Baldo.

El juez González ha impuesto a Olivas una fianza solidaria por 264 millones de dólares, mientras que a Juan Ferri y José Baldo, por 712 millones de dólares, como medida cautelar solicitada por la Fiscalía Anticorrupción para garantizar las responsabilidades pecuniarias que se pudieran fijar en la sentencia.

Independientemente de los hechos descritos, el asunto legal que se dirime en España tendrá consecuencias para los responsables en ese país, tanto porque las operaciones fraudulentas se realizaron en España, como por la nacionalidad de los involucrados.

Sin embargo, el escándalo puede alcanzar a México, tanto porque el móvil del otorgamiento de los préstamos se destinaron a proyectos turísticos situados en el país, como por la presunción de que en el desarrollo de los mismos, eventualmente pudo existir participación de autoridades locales para facilitar su construcción y operación.

Ha trascendido que es muy probable que tanto Juan Ferri como José Baldo, pudieran utilizar en su defensa el argumento de haber aplicado parte de ese dinero, que no corresponde a una comprobación efectiva, a sobornos e incluso, hasta el grado de plantear que autoridades locales se hayan beneficiado de esa relación para adquirir propiedades a costos simbólicos en el proyecto Grand Coral en la Riviera Maya, como en el edificio de departamentos Emerald, en la zona hotelera de Cancún.

Si bien es cierto que en este caso las circunstancias obedecen a diferentes situaciones legales, el asunto radica en que, en el desarrollo del juicio que se lleva en España, podrían salir a relucir nombres de políticos mexicanos.

Para efectos prácticos, eso no inferiría algún tipo de acción legal en su contra en España, aunque claro que en contraparte significaría otro tipo de escándalo de carácter local.

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