Fortaleciendo la Democracia

David López Cárdenas

Para el Instituto Nacional Electoral, el 2015 representa una prueba de fuego que medirá su capacidad para conducir una elección, después de que tanto se habló de la premura e inmediatez con la que fue constituido, sin importar la cercanía del proceso electoral.

La dinámica bajo la cual fue concebido el INE, lo faculta para organizar y fiscalizar elecciones, a nivel federal y local, tarea en la que comparte algunas prerrogativas y obligaciones con los Organismos Públicos Locales Electorales.

Para el próximo año, el INE tendrá a su cargo los comicios de 17 entidades federativas en los que se elegirán a 9 gobernadores, 388 diputados locales de mayoría relativa, 887 ayuntamientos, 16 jefes delegacionales, así como la renovación de la Cámara Baja del Congreso de la Unión.

Lo anterior cobra relevancia, pues es fundamental contextualizar la responsabilidad que tiene el INE y ponerla en proporción con el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 aprobado por su Consejo General, que asciende a 18 mil 572.4 millones de pesos, de los cuales 5 mil 355.5 millones se aplican al financiamiento de partidos políticos.

Sin duda, la cifra es escandalosa y el manejo que suele darse a esta información genera la impresión de que se trata de un gasto exorbitante e innecesario, pero, si se considera el importante cúmulo de nuevas funciones conferidas al INE, resulta ser un monto razonable.

Para el grueso de la población es inconcebible que se erogue esta cantidad en un sistema electoral al que catalogan de caro. Incluso para algunos que se dicen especialistas en el tema, resulta ilógico que el presupuesto de operatividad del INE para procesos intermedios sea mayor al aprobado para realizar una elección presidencial.

Sin embargo, no se toma en cuenta que los cambios de fondo generados a partir de la reforma político-electoral requieren de una importante suma de recursos para lograr su implementación. De otra forma, solo serían letra muerta.

No obstante, el presupuesto del INE es considerable y su aplicación tendrá que venir acompañada de un impecable ejercicio de transparencia para conservar la credibilidad de la que depende su existencia.

La efectiva salvaguarda de los derechos político-electorales es lo mínimo que se espera de este organismo, pues, un país que, esmeradamente, ha transitado hacía la consolidación democrática a través de sus instituciones, merece una verdadera independencia e imparcialidad de los órganos electorales.

 PUNTO FINAL. Buena muestra de civilidad la que dio el PRI al respaldar la postulación de Miguel Barbosa para presidir la Mesa Directiva del Senado de la República.

Más allá de las diferencias propias de la política, debe prevalecer la construcción de acuerdos y la conducción de las cámaras del Congreso de la Unión no puede supeditarse a intereses partidistas.

davidlopezcardenas@gmail.com

Twitter: @DavidLpzC