Gobierna el crimen, elecciones en peligro

Elisa Alanís.

Quien diga que en materia de seguridad estamos mejor que en el sexenio pasado que lo demuestre. No con juegos de cifras y debates de interpretación numérica sobre  porcentajes mínimos, sino con las evidencias de calles, carreteras, poblaciones municipales y estatales que han recobrado la paz.

A pesar de que el gobierno de Enrique Peña Nieto arrancó mandando señales alentadoras y criticando la estrategia calderonista, el tiempo para el optimismo se agotó.

Las elecciones están ensangrentadas y bajo amenaza.

Algo muy malo está sucediendo en el país. Son las matanzas, las ejecuciones, las extorsiones y los secuestros que continúan, crecen e impactan en la vida cotidiana, en el derecho básico de poder elegir a los gobernantes y representantes populares.

Los poderes fácticos están ahí, decidiendo qué candidato o candidata contiende, vive o muere.

Aspirantes de distintos partidos políticos han sido asesinados, heridos o secuestrados.

En el último mes y medio la muestra es alarmante: José Ricardo Reyes Zamudio, candidato del Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de San Dimas, Durango, fue asesinado el 1 de julio.

Eleazar Armenta, coordinador de campaña y candidato a regidor suplente en el municipio de Sinaloa de Leyva, asesinado el 23 de junio.

José Antonio Loaiza, hijo del coordinador de campaña de la Coalición PRI- Panal y PVEM en Sinaloa fue ejecutado el 29 de junio.

Nicolás Estrada Merino, presidente del consejo estatal del PRD de Oaxaca, asesinado el 28 de junio. Rosalía Palma, candidata a diputada local en Oaxaca, herida con intento de asesinato, su esposo y sobrina fallecieron, el 29 de junio.

Jaime Orozco Madrigal, candidato por el PRI a la alcaldía de Guadalupe en Chihuahua, secuestrado y asesinado el 12 de junio. Nicolás Quintín Mendoza, candidato del PRI a presidente municipal de Tantoyuca, en Veracruz, herido después de que un grupo lo emboscó y golpeó.

Oscár Sánchez Ramírez, candidato del Movimiento Ciudadano, secuestrado junto con su hermano en Coahuila. Carlos Valenzuela, candidato a regidor en Boca del Río, Veracruz, secuestrado el 3 de julio.

Así como el crimen organizado se pelea plazas, ya también se disputa presidentes municipales y regidores.

La dispersión y multiplicación de cárteles y grupos delincuenciales han convertido también a los procesos electorales en objetivos estratégicos para su sobrevivencia.

Esta semana, por primera vez, el Consejo General del IFE guardó un minuto de silencio por las personas asesinadas en este periodo electoral.

“Estos deplorables actos no sólo han atentado contra la integridad física de las personas, sino también han cobrado vidas, situaciones que perturban la paz y vulneran la democracia de nuestro país”, dijo el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita.

A un año de haber conseguido la presidencia, el gobierno priísta ya no puede ocultar que la guerra también es de ellos. Que existe una responsabilidad federal en el desastre local. Que, independientemente de la estrategia de prevención, los narcotraficantes, tratantes de mujeres y niños, secuestradores, extorsionadores, lavadores de dinero, torturadores, etcétera, no deben ganar la elección del próximo domingo.

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