Jornada de lucha
Fernando Escalante Gonzalbo
El incidente de Mitla permite un atisbo de la complejidad del conflicto magisterial. Las autoridades municipales levantaron actas por abandono de empleo a 24 profesores de la primaria Benito Juárez. Es algo inusual, pero hasta ahí suena lógico, parece el inicio de una nueva relación entre las autoridades y los maestros. El problema es que cuando hablamos de educación estamos hablando de otras cosas. En la misma nota se explicaba que no se había procedido igual con los profesores de la primaria Belisario Domínguez, porque solicitaron permiso para ausentarse al comité de padres de familia —y eso ya no suena tan lógico.
La reacción de los sindicalistas de la CNTE, en el Distrito Federal, sobre los despidos, y los descuentos de sueldo, fue aproximadamente la que podía esperarse. Todos coincidieron en que eran medidas represivas. Juan José Ortega Madrigal, de Michoacán, explicó que la reacción “es una clara evidencia de que para esta administración disentir y pensar de forma diferente es una falta que se debe sancionar”. Francisco Bravo, del DF, dijo que las sanciones demuestran que la nueva legislación “deja al trabajador en total indefensión ante la violación de sus derechos laborales”. Es claro que también cuando hablamos de derechos laborales estamos hablando de otra cosa.
La posibilidad de esa otra conversación, la que se disimula detrás del derecho a la educación y los derechos laborales, era uno de los entendidos básicos del orden corporativo, del sistema de gobierno del régimen posrevolucionario. Está con toda crudeza en la queja del líder de la Sección 22, Rubén Núñez Ginés, que afirma que había un acuerdo con la Secretaría de Gobernación y el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, para que “en tanto dure la jornada de lucha, no haya ninguna afectación a los derechos laborales del magisterio disidente, y en particular de nuestros compañeros en la entidad”; en sus palabras, antes de iniciar la marcha hacia la capital “dejamos en claro que en el estado no pasará ninguna sanción ni hostigamiento contra el magisterio”. Es muy razonable. Si fuese posible, lo primero que uno querría hacer antes de iniciar una protesta, sería asegurarse de que no va a tener consecuencias –así se denuncia con más comodidad al gobierno opresor.
Volvamos a Mitla. En defensa de los maestros intervino el gobierno de Gabino Cué, que pidió a las autoridades municipales concederles unos días más. El problema es que es un conflicto viejo. Mitla vive del turismo, la costumbre de la CNTE de bloquear la carretera de acceso al municipio resulta desastrosa para la economía local, y ya hubo hace un año enfrentamientos con piedras, palos, heridos y detenidos, para que se levantara un bloqueo magisterial. Hablamos de educación, estamos hablando de otras cosas.