La lengua madre y el Estado cínico

Renato Sales H.

Cuando el Estado se rodea de leyes, reglamentos y tratados que incumple reiteradamente, o es candoroso o es cínico.

Este jueves 21 se celebró el Día Internacional de la Lengua Materna. Las efemérides suelen cimentarse en hechos de sangre.

Ésta no es la excepción. El 21 de febrero de 1952, en lo que entonces era Pakistán, el joven Abul Barkat fue victimado por la policía luego de reclamar que se reconociera oficialmente la lengua bangla por el gobierno de ese país. En 1999, la conferencia general de la Unesco pidió proclamar el día para “conmemorar a los mártires que inmolaron sus vidas en esa fecha”, considerando que “la preservación de las lenguas constituye uno de los objetivos esenciales de la Unesco y que las lenguas representan poderosos instrumentos para proteger y desarrollar nuestro patrimonio material e inmaterial”.

En agosto de 2001, México reforma su Constitución para decir: “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas”, es derecho de éstos conservar y mejorar el hábitat y la integridad de sus tierras; preservar y enriquecer su lengua; la comunidad indígena tiene derecho, en todo tiempo, a ser asistida por intérprete y defensor que tenga conocimiento de su lengua y cultura, cuando uno de sus integrantes sea parte en un juicio o procedimiento, y se suma, gozoso, a la Declaración de Totonicapán en la que reconoce que los Estados deben promover, formular y adoptar políticas públicas y plurilingües; que está obligado como organización estatal a “fomentar y promover el uso de las lenguas de los pueblos como medio de cognición, socialización, comunicación, enseñanza y utilización, y cohesión social, y cultural, en diversos ámbitos, incluyendo el educativo, laboral, administrativo y de procuración y administración de justicia”.

Ya encarrerados, en el año 2002 se publicó la Ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas y se modificó la de educación para afirmar que “los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y español”, y que corresponde al Estado “garantizar que los profesores que atiendan la educación básica bilingüe en comunidades indígenas hablen y escriban la lengua del lugar y conozcan la cultura del pueblo indígena de que se trate”.

Hay una brecha, siempre, entre la realidad y la norma. En pocos asuntos es tan grande como en el que se relaciona con las lenguas indígenas.

En nuestro país existen once familias lingüísticas, 68 agrupaciones y 364 variantes dialectales.

Más de siete millones de personas en el país hablan una lengua indígena.

Pero cada vez son menos. En muchos casos los niños entienden pero dejan de hablar la lengua porque se avergüenzan, porque no es verdad que en las escuelas de las poblaciones indígenas se impartan clases en la lengua originaria. Con trabajo se imparten clases en español.

Las lenguas originarias se extinguen. La política estatal en la materia es dispersa, inconexa. Los intérpretes y traductores en materia de procuración de justicia son un ejemplo de este desorden. Después del esfuerzo que se invierte en su capacitación no son contratados por el Estado. Las intervenciones deben sufragarse por quien las solicita y en función de las necesidades de coyuntura. Eso los hace difícilmente ubicables cuando se les requiere.

Revertir el proceso histórico de marginación y exclusión lingüística que se arrastra desde la colonia requiere más, mucho más, que un glosario de buenas intenciones. Habría que ver cómo se imparte la educación primaria en, por ejemplo, las comunidades autónomas en España: en Galicia, en Cataluña, en el País Vasco.

En Zaachila, un municipio cercano a la capital, Oaxaca, hace menos de veinte años la interacción social se daba, íntegra, en zapoteco. Hoy lo hablan menos de dieciséis personas. Los mismos hablantes dejaron de enseñarlo a sus hijos, “porque les daba pena”.

Fieles a la colonia, en México prevalece el “obedézcase, pero no se cumpla”. El Estado no es candoroso, es cínico.

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