La política de la simulación

Elisa Alanís.

Una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva las impugnaciones y tengamos presidente electo, lo que toca es exigir que en lugar de hacer teatros mediáticos, los partidos legislen sobre la cantidad de dinero que reciben y sobre las causales de nulidad, invalidez, pérdida de registro o triunfo en una elección.

Fueron ellos los que aprobaron las reglas para facultar y limitar la actuación de las instituciones electorales. Los representantes lopezobradoristas acusan con sus declaraciones pero saben perfectamente lo que el Tribunal Electoral y el IFE, con sus más de 50 nuevas facultades, no deben ni pueden hacer.

Por ejemplo, el IFE en el delicado tema de la fiscalización, a través de su unidad especializada, puede llevar a cabo las investigaciones necesarias para comprobar si partidos y candidatos excedieron los topes de campaña. Pero de acuerdo con la ley, esta actividad se lleva acabo después de la calificación de la elección presidencial, a partir de los informes que los propios partidos entregan en octubre. Esto significa que aún si encuentran violaciones en el tema de financiamiento, éstas no repercuten en la formalización de quienes resultan electos, sólo se les multa. Así sucedió en el caso de los Amigos de Fox, así sucedió en el Pemexgate, y seguramente así sucederá ahora.

Por su parte, el Tribunal Electoral no puede realizar investigaciones. Si bien es cierto que se trata de la última autoridad para decir quién será nuestro próximo presidente, resuelve como tribunal de apelación a partir de lo investigado y acordado por el IFE en primera instancia y de las pruebas que presentan los partidos.

Los grandes discursos y performance ante los medios pueden llamar la atención y convencer, pero al final no tienen ninguna relevancia para el cumplimiento de las funciones que tanto el IFE como el TEPJF tienen obligadamente que cumplir. De hecho, si van más allá de lo que la ley les permite, están sujetos a amonestaciones, inhabilitación y posible responsabilidad penal.

Si la izquierda y cualquier otro partido realmente quisieran mayor transparencia y justicia legislarían  para cambiar las causales que nulifican o invalidan una elección, limitarían el financiamiento que ellos mismos reciben y derrochan, disminuirían y controlarían las partidas presupuestales que tienen para publicitarse los gobiernos locales y el federal, actualizarían el listado de delitos electorales para dotar a la FEPADE de independencia y de instrumentos eficaces contra prácticas reprobables, como la compra de votos y establecerían de una vez por todas atribuciones y responsabilidades para los partidos políticos que son, en realidad, los que abusan de su doble rol como legisladores y jugadores principales en la competencia electoral.

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