La satanización como método

Luciano Pascoe

Antes de iniciar esta reflexión debo aclarar algunas cosas: en mi casa no se consumen refrescos. No los considero útiles, nutritivos ni un buen hábito. Hemos logrado que nuestros hijos no sean consumidores habituales, sólo eventuales. También creo que la labor de un gobierno debe ser rectora y no interventora en la vida de las personas.

No creo en la imposición de dogmas o consignas morales sobre mi vida por el Estado: ni en con quien casarme, ni en el derecho de las mujeres sobre su cuerpo, ni en el derecho a consumir drogas sin afectar a terceros, no creo en la ley seca. En resumen, creo en la libertad de las personas para decidir su suerte y destino.

Hoy tenemos un impuesto especial a los refrescos. Como a los cigarros, a las bebidas alcohólicas. Ésta es una decisión de Estado que busca, en teoría, inhibir el consumo por precio y generar recaudación para suplir el gasto en salud que nos resulta como país del abuso

de estos productos.

Hace unas semanas, tras un intenso debate en la prensa, mucho mayor que el que se dio en el Congreso, el impuesto a los refrescos se mantuvo; no logró avanzar la propuesta ­de recortarlo a la mitad.

Cuando se impulsó el impuesto original nos dijeron que, si seguíamos sin cambio, cada vez tendríamos más personas obesas, que la diabetes avanzaría sin cesar y que el gasto en salud, a pesar del enorme volumen, no alcanzaría para atender el sobrepeso y las enfermedades

que de él se derivan.

Entonces, el legislativo aprobó un impuesto que había sido propuesto por la Secretaría de Salud, en ese entonces, a cargo de José Ángel Córdova. Las empresas refresqueras protestaron pero perdieron.

Pero la realidad médica nacional es que hoy seguimos siendo primer lugar mundial en obesidad infantil y

campeones en diabetes.

En mi opinión, y como siempre en nuestro país, falta rendición de cuentas. Creo que el impuesto no ha demostrado ser particularmente eficaz.

Curiosamente al rechazar el recorte al impuesto, las organizaciones no presentaron datos que probaran que se inhibió particularmente el consumo de refrescos; sabemos que se elevó sustancialmente el ingreso del gobierno, pero no se mostraron cifras del uso de esa recaudación en atender o prevenir la diabetes y, sobre todo, que

ese gasto sea eficaz.

¿Impuesto especial? Sí, pero sólo si hay datos sobre el uso de ese recurso, si hay rendición de cuentas —resultados—, diseño de programas eficaces para educar sobre el consumo inteligente de estas bebidas.

Porque al final quiénes pagamos ese peso extra somos los mexicanos. Nadie más. Y las voces que defienden el impuesto —y proponen aumentos— no dan seguimiento a sus propuestas, no hay evaluación alguna. Sólo retórica sobre los malos refresqueros (sin duda no son blancas palomas) y los buenos que empujan un impuesto que luego ignoran.

La verdad es que la satanización se vuelve el gran método de avanzar una agenda. Sin evidencia sobre si tasarlo tiene efectos positivos específicos.

El Estado debiese tener un papel rector y no paternalista prohibitivo; no solo del refresco, sino de todos los productos que causan algún daño a la salud.

La gran falta de las Organizaciones de la Sociedad Civil está en que no exigen que el gobierno brinde herramientas para decidir; sólo demandan que se inhiba el consumo por la vía de encarecerlo. Lo mismo sucede con el impuesto al tabaco, con el que tampoco se demanda ni vigila desde la sociedad que la recaudación se ejerza en verdad en campañas públicas o atención médica.

Ahora estarán todos en silencio, contentos con el impuesto que pagamos todos y sin ningún seguimiento; no les importaban las personas con sobrepeso o diabetes, sino ondear su bandera victoriosa sobre El Chesco Satánico.

luciano.pascoe@gmail.com

Twitter: @lucianopascoe