La traición de los municipales

El mejor antídoto contra la violencia es abatir la impunidad. Por eso es relevante la detención de 18 sujetos involucrados en el asesinato de Octavio Martínez y Alfonso Hernández, agentes de la PGR que estaban adscritos a la unidad para el combate al delito de secuestro, quienes fueron privados de su libertad y posteriormente ejecutados en Nayarit a principios de febrero.

El autor intelectual y partícipe material de estos hechos es Mariano Varela El Manotas, un colombiano al servicio del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Lo detuvieron en el fraccionamiento Las Ceibas, en Bahía de Banderas, Nayarit.

La operación de la Marina Armada y de la Agencia de Investigación Criminal también pegó en áreas operativas de la organización criminal e inclusive se detuvo al encargado de subir los mensajes a las redes sociales, entre ellos un video en el que aprecia a los policías sometidos y aún con vida.

Entre los detenidos se encuentra también Ubaldo Cruz El Cocho, subdirector de Seguridad Pública en Puerto Vallarta, encargado de brindar protección a la banda de El Manotas. Los policías municipales participaron en el secuestro de los elementos de la PGR.

Ésta es una de las aristas más graves, ya que revela la persistencia de la colusión de mandos policiacos con estructuras criminales y una suerte de traición cotidiana a la sociedad. Por supuesto que esto no es nuevo, pero no deja de ser indignante y, hasta cierto punto, desalentador.

Es perturbador, porque en otro esquema, los municipales debieron auxiliar en todo momento a sus colegas y no entregarlos a sus verdugos.

En Jalisco, vale la pena tenerlo presente, se hacen esfuerzos para romper con esta clase de vínculos, y por ello se está interviniendo en algunos municipios, desarmando a los agentes y practicando pruebas de control de confianza, como en Tlaquepaque.

Este tipo de medidas conllevan el riesgo de afectar también a buenos servidores públicos, pero la alternativa de dejar las cosas como están, es explosiva.

Quizá sería importante volver a la discusión acerca del Mando Único o el Mixto, asumiendo las particularidades de cada corporación, para fortalecer lo que sí está funcionado y arreglar a profundidad lo que no.

Por supuesto que no es sencillo, porque tiene aristas delicadas, como las de la propia soberanía y otras tantas atadas a intereses políticos. El control de la policía es importante para las autoridades civiles y no suelen estar dispuestas a cederlo, por buenos y malos motivos.

La confianza de la sociedad respecto a sus policías está rota en diversas regiones del país y restaurarla es una de las tareas más urgentes, ya que implica una transformación de la relación con la autoridad y, sobre todo, con un rearme ético y una valoración distinta de un trabajo que es indispensable en cualquier democracia.

Pero esto sólo se va a lograr si es recíproco. Requerimos confianza desde la ciudadanía y con los encargados de mantener el orden y hacer valer la ley.

Hace algunos años, conversando con un exdirector de la entonces Policía Judicial Federal, advertía que los crímenes contra policías se iban expandiendo a lo largo de todo el país.

Era 2005 y la alta violencia criminal apenas parecía un eco de lo que vendría posteriormente; pero entre policías y bandidos sabían que algo estaba cambiando y de modo profundo.

El excomandante sostenía que lo más grave era que no existían acciones “contundentes” en contra de quienes perpetraban los asesinatos de los uniformados. Para él, lo urgente era establecer protocolos rápidos y dejar claro que habría consecuencias en cada caso.

El reto, por supuesto, es evitar que los homicidios queden impunes, pero también hacerlo sin generar problemas mayores. Siempre se corre el riesgo de que la motivación de aplicar la ley se convierta en una suerte de venganza. El Manotas, quien se encuentra con vida, tendrá que responder por su conducta y proporcionar información que ayude a combatir a una de las organizaciones más peligrosas en la actualidad.

Por lo pronto, la detención de los asesinos de los policías de la PGR debe ser aprovechada para mandar un mensaje claro, de que no se van a permitir barbaridades de ese tipo. Esto importa a la ciudadanía, pero también a los buenos policías, los que sí se juegan la vida día a día para protegernos.