La trata de personas

Renato Sales H.

Datos de la oficina de las Naciones Unidas para el control de las drogas y la prevención del delito, indican que México es un país en el cual convergen las condiciones de origen, tránsito y destino para la incidencia de la trata de personas, en las cuales las niñas, niños, mujeres y personas migrantes, son mayormente las víctimas.

Las redes que se dedican a este delito suelen ser lo que se conoce como “complejos delincuenciales”. Igual trafican armas, droga, personas, como secuestran, extorsionan, corrompen, lavan dinero e infiltran. Constituyen corporaciones delictivas que aprovechan debilidades culturales e institucionales para extenderse.

Si la ética consiste esencialmente en reconocer al otro, bien podríamos decir que la trata estriba en la negación del otro, en su desconocimiento. En esa operación a cargo del delincuente, mecanismo de biopoder, que convierte a una persona en una cosa, en un objeto, en una mercancía. La cosificación es global, hemisférica, regional y local. “El poder del capital —dice Jaime Osorio— sobre la vida, reposa en el hecho de que la fuerza de trabajo que “compra” y se apropia, forma parte indisoluble de la corporeidad viva del trabajador”.

En el mundo del delito global las fronteras se diluyen. Es el caso, por ejemplo, de Tenancingo, Tlaxcala, donde se ubicó una red de trata que se vinculaba con los Estados Unidos. Es el caso, sin duda, de la niña Valeria, que cruzó tres fronteras con todo y alerta amber y fue descubierta en El Salvador, quince días después de su secuestro, gracias al programa Laura de América.

El problema no es de hoy y diría uno que ante tales dificultades, añejas, debieran existir leyes y reglamentos específicos desde hace años. No es así. Apenas en 2000 se emitió por la ONU la Convención de Palermo y sus protocolos complementarios, entre ellos el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, que fue ratificado en 2003.
 Este instrumento define la trata de personas como: “La captación, el transporte, el traslado, la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos, o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas de la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.

Y apenas hace unos meses, en junio de 2012, se aprobó la nueva Ley General contra la Trata de Personas. 
Esa novedad y el que buena parte de los asuntos que, hoy se sabe, eran trata, se manejarán como lenocinio o corrupción de menores, motivaron la invisibilidad del fenómeno.

¿Son mayoría los que se detienen a pensar, por un momento, que los niños indígenas que piden limosna, amenazados, o la mujer que trabaja dieciséis horas diarias de lunes a sábado, por un salario miserable, son víctimas de este delito?

Este viernes se organizó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación un foro que reúne a las Procuradurías, a la academia y a las organizaciones no gubernamentales: “Retos para la implementación de la Ley general de trata de personas”.

Ahí se habló del carácter hemisférico, transnacional del fenómeno, de cómo, al cabo, es un delito predominantemente de género, pues más del 75% de las víctimas son mujeres.

Se plantearon las enormes dificultades que conlleva la correcta investigación de un delito que a muchos conviene mantener invisible.

Ante la dimensión del fenómeno, se dijo algo que debiera preocuparnos: Es una paráfrasis de Anthony Giddens, autor de La tercera vía y Un mundo desbocado: “Las procuradurías son demasiado grandes para solucionar los problemas pequeños y demasiado pequeñas para solucionar los problemas grandes”.

rensal63@hotmail.com