Las reformas y la opinión pública

Otto Granados

Cuando finalmente sean presentadas las reformas fiscal y energética, el desafío no será sólo técnico ni, eventualmente, político, sino cómo persuadir a una sociedad escéptica por naturaleza de que son de importancia para el país.

Por un lado, en ambos casos hay información y datos duros más que suficientes para argumentar por qué el país necesita mayores recursos bien aplicados y para inversiones productivas o cómo debe México abrirse al capital privado nacional y extranjero para potenciar financiera y tecnológicamente su industria energética en un momento en que el mundo vive una inédita transición en este aspecto. Por otro, es de suponerse que las principales fuerzas políticas del país habrán de acordar los contenidos esenciales de esas reformas antes de que sean procesadas en el Legislativo.

Pero al final del día el ciudadano de a pie parece ausente en esa discusión y, desconfiado como es, será bastante refractario o, de plano, reacio, a cualquier cosa que modifique sus estereotipos culturales o que no supongan un cambio visible, tangible y concreto en su vida cotidiana. Véase el ejemplo de los impuestos.

Desde hace tiempo las encuestas Latinobarómetro, que se levantan en 18 países de América Latina, han venido mostrando que México es uno de los países donde en mayor porcentaje la gente declara que está plenamente justificado evadir el pago de impuestos. Más recientemente, una encuesta del CIDE encontró que para “ser nacionalista” es mucho más relevante “respetar símbolos patrios”, “defender el país en caso de guerra” y “apoyar a la selección nacional” que “pagar impuestos”.

Las explicaciones son múltiples y están arraigadas en la cultura cívica —“los políticos se roban el dinero”, para qué pagar si lo van a desperdiciar, yo no recibo nada a cambio, etc.— y en muchos casos tienen razón. Es cierto, también, que históricamente hemos padecido un desencuentro endémico con la ley.

Pero ello no es óbice para intentar una comprensión colectiva de decisiones de política pública que son impostergables para el país. El dilema es cómo.

Tanto el gobierno como los partidos deben demostrar inequívocamente, en primer lugar, su compromiso con la legalidad, especialmente en los casos judiciales que están abiertos contra políticos y funcionarios, y los cuales no pueden reducirse a meros escándalos mediáticos. De hecho, si no hay acción, éstos serán contraproducentes por completo. Segundo: el ciudadano no quiere saber en cuánto mejorarán las finanzas públicas, sino cómo y cuándo le serán devueltos sus impuestos bajo la forma de bienes y servicios públicos; las reformas fiscales exitosas son aquellas que van asociadas a inversiones presupuestales concretas. Tercero: es urgente una reformulación de los presupuestos públicos, en especial los estatales, que hoy son un desperdicio y un ejemplo de opacidad. Y cuarto: es indispensable diseñar un sistema efectivo de monitoreo del gasto corriente, que haga sonar las alarmas a tiempo.

Con acuerdos políticos eficientes, las reformas pasarán. Pero no estaría mal también pensar en que alcancen legitimidad social y moral.

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