Le sale barato a Slim

Elisa Alanís.

En 2010, llegaron a México, tarde y limitadas, las acciones colectivas. Y ahora por primera vez, se presentan contra uno de los grandes, contra uno de los que concentra el mercado. El fin de semana la Profeco interpuso una acción colectiva contra Telmex.

Un instrumento para demandar por la vía civil y en grupo la reparación del daño causado por algún particular. Tiene como ventaja que muchos pueden obtener el beneficio a través de un solo juicio. En este caso, se busca que Telmex reintegre el cobro que ha realizado por años para mantener el número de los usuarios de manera confidencial. ¿Por qué tendría la gente que pagar por un derecho fundamental como la protección de datos personales?

La buena: Ya se puede actuar legalmente en grupo por algún abuso.

La mala: Lo que decida el juez sólo aplica a aquéllos que forman parte y no a todos los mexicanos que estén en esa situación.

La peor: La ley que regula las acciones colectivas restringe su uso a las materias de competencia económica, protección al medio ambiente, servicios financieros y derechos del consumidor.

Eso no sucede en otros países del mundo.

Si una empresa como Telmex haciera un cobro indebido a sus usuarios en Estados Unidos, Colombia, Argentina, etc, tendría que rendir cuentas a todos aquellos a los que perjudica y no sólo a quienes obtienen, al final del proceso judicial, una resolución favorable. En México se requiere del acto de adhesión de los interesados durante el juicio o hasta 18 meses dictada la sentencia.

Para variar, en el país de los monopolios, duopolios y oligopolios, cualquier cambio a favor de la ciudadanía se da en décadas y a cuentagotas.

Eso sucede con las acotadas acciones colectivas. Y eso ha sucedido en muchos otros casos, como la recién aprobada Ley de Amparo, que tiene entre sus excepciones a la declaración de efectos generales en materia hacendaria.

Sí, hay que aplaudir cualquier avance pero también hay que condenar las ventanas de salida y ventajas que el propio gobierno sigue dando a los abusos de los grandes intereses económicos.

¿Los legisladores hablan de democracia? ¿de un mercado que se abra a la competencia? ¿de un país más justo?

Pues que incluyan como beneficiarios a todos los afectados, sean parte o no de una acción colectiva. Y que las extiendan a cualquier ámbito, penal, fiscal, administrativo o comercial.

Por lo pronto, le sigue saliendo muy barato al hombre más rico del mundo pagar a los pocos que ganan un juicio de este tipo y seguir cobrando de la manera en que lo hace a millones de mexicanos.

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