Julián Andrade
La PGR metió a un Caballo de Troya en la investigación de Iguala. Para evitar suspicacias y tranquilizar a los padres de los normalistas desaparecidos, explicablemente indignados, se invitó al Equipo Argentino de Antropología Forense.
La propuesta la hicieron los familiares de los entonces desaparecidos, asesorados por la organizaciones no gubernamentales que los han acompañado en los últimos meses.
Parecía una buena idea, porque se requería de estudios científicos y de certeza en la investigación de cadáveres y más aún de restos, como al final ocurrió.
Era indispensable que las partes involucradas actuaran de buena fe y tuvieran como único interés el esclarecimiento de uno de los crímenes más abominables. No fue así.
Desde que el Ministerio Público empezó a consolidar la línea de investigación que señala que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron detenidos, asesinados y cremados en el basurero de Cocula, los integrantes del equipo argentino iniciaron una tarea de demolición de la credibilidad en la indagatoria.
Primero hicieron públicas sus dudas sobre lo que señaló el procurador Jesús Murillo Karam. Era septiembre de 2014 y todo apuntaba hacia un crimen masivo en Cocula.
La PGR sólo hizo hincapié en que continuarían las averiguaciones.
Pero cuando la primera etapa de la investigación fue concluida, los forenses argentinos iniciaron una campaña para dejar en claro que no coinciden con las conclusiones de la PGR.
Es una estrategia mal intencionada, porque parte de dudas que dicen tener sobre etapas de la averiguación que no les corresponden, porque no son autoridad, y de la que no saben lo suficiente, porque no son expertos en todas las materias.
Admiten que los únicos restos que fueron identificados son los de un normalista, pero alegan que no estuvieron presentes en la recolección de la muestra, evitando señalar que fueron ellos los que decidieron no realizar trabajo pericial ese día en el río San Juan.
Las conclusiones a las que llegó la PGR no sólo se basan en elementos periciales, sino que tienen uno de sus ejes en las propias confesiones de los implicados en el crimen.
Una buena parte de los asesinos está detenida y declaró, en presencia de sus abogados, que asesinaron a los jóvenes de la escuela normal.
Expertos de la UNAM participaron en el análisis del suelo y determinaron que ahí ocurrió un proceso de cremación a muy altas temperaturas.
Los participantes en una de las investigaciones son gente profesional y honorable, que no puede ser descalificada para sustentar agendas que no tienen que ver con la justicia.
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