Policía sin Estado

Renato Sales H.

La policía es un servicio civil a cargo de instancias estatales. Aún las corporaciones privadas requieren de la autorización del Estado para operar. Los cuerpos de defensa rurales son estructuras vinculadas al Ejército y se rigen por la disciplina militar. Todo lo demás, los cuerpos de autodefensa y las llamadas policías comunitarias, más aún si llegan a armarse, al convertirse en grupos paramilitares, se colocan automáticamente fuera de la ley.

Los antecedentes legislativos y las discusiones que precedieron a la redacción del artículo 17 constitucional que dispone: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho”, dan cuenta, precisamente de esta preocupación por la supresión de la llamada venganza pública a la que responde Max Weber cuando señala que el Estado detenta el monopolio legítimo de la violencia. No puede concebirse a la policía sin el Estado.

En otros términos se ha dicho, correctamente, que el Estado “expropia el conflicto” para evitar la vendetta pública o privada.

Habrá que recordar el origen del cártel de la droga la Familia Michoacana, ahora Caballeros Templarios, un grupo de michoacanos preocupados por la tala de sus bosques y la inseguridad creciente.

Empero, la lastimosa situación en que se encuentra lo que se conoce como policía municipal no ha variado. Una policía en su mayor parte mal organizada y peor retribuida.

Las cifras son reveladoras del caos imperante: La mitad de los municipios del país, cerca de 1,189, dispone tan sólo de veinte o menos policías para cuidar a sus habitantes, siete de cada diez cuentan con menos de cuarenta. Sólo uno de cada diez tiene más de cien elementos.

Más de dos mil corporaciones municipales operan en el país. El grueso de esa policía, dispersa, se acerca a los trescientos setenta mil elementos. El setenta por ciento de los mismos apenas cuenta con educación primaria. Muchos son, prácticamente, analfabetas.

Los números son aún más dramáticos en lo que se refiere a los salarios. El promedio de ingresos del policía municipal es de seis mil doscientos pesos mensuales. Doscientos pesos diarios. Empero, seis de cada diez perciben cerca de cuatro mil pesos al mes.

Oaxaca con quinientos setenta municipios, Puebla con más de doscientos, Yucatán con ciento seis.

Lo anterior genera desorganización y dispersión. La confusión los hace presa fácil de las estructuras del crimen organizado. Los reclutan. Los “levantan” y los “tablean”. Ante la disyuntiva “plomo o plata”, ¿qué hará el policía que gana dos mil pesos a la quincena? ¿Es dable exigir que se comporten como héroes o santos?

Urge unificar la policía. Lo anterior evitaría la dispersión y posibilitaría la homologación salarial.

Esta renivelación tendrá que ver, también, con el salario de los agentes de la federación cuyo sueldo base es del doble del promedio nacional municipal.

Resulta que en esta materia, como en tantas otras, el país ha puesto la carreta delante de los bueyes. En junio de 2008 se apostó a la reforma integral del sistema procesal penal mexicano. La apuesta cruza por una transformación integral de los policías que deberán asumir un nuevo rol en la investigación del crimen. En el nuevo sistema, el policía debe ser capaz de entender una teoría del caso, respetar la cadena de custodia de los datos de prueba que se constituirán en el juicio, embalar correctamente los indicios que rodean al hecho delictivo, sostener los primeros interrogatorios y, luego, plantarse ante un juez para defender, con argumentos, las razones por las cuales detuvo al imputado.

¿Podrá nuestra policía hacer todo eso?

Habrá que capacitarla. Pero no puede contemporizarse con la idea, suicida, de que operen “policías” al margen del Estado. Y no es responsabilidad de “los gobernadores y los municipios” ni amerita “profundo estudio”. ¿Acaso la portación ostensible de un arma de fuego reservada para el uso exclusivo del Ejército es competencia local?

No hay Estado sin policía. Tampoco policía sin Estado.

rensal63@hotmail.com