Política social de nueva generación: un nuevo enfoque

Ernesto Nemer Álvarez

La responsabilidad del Estado es trabajar para alcanzar la justicia social, razón por la cual no basta con tener buenas intenciones, sino dar resultados a los más de 53 millones de mexicanos que padecen algún tipo de pobreza, de acuerdo con cifras

del Coneval.

Por lo anterior, es que el Gobierno de la República consideró necesario replantear la política social, porque, a pesar de que año con año los recursos destinados al desarrollo social crecen de manera constante, la pobreza no disminuye. ¿Por qué? Porque la aplicación de esos recursos tuvo una orientación sectorial que generó duplicidades o incluso no se dirigían los apoyos a los grupos de población con mayores carencias, además de que las acciones para combatir la pobreza no estaban vinculadas entre las dependencias, propiciando con ello inconsistencias en su ejercicio. Pero sobre todo gran parte de los recursos se destinaba a acciones asistenciales, reproduciendo la pobreza entre generaciones.

Aquí es preciso detenernos un momento. A pesar de los programas sociales de transferencias económicas, que atienden las carencias de educación, salud e ingreso, la situación de pobreza y desigualdad en México sigue siendo crítica. Las condiciones de vida de niños, mujeres y adultos mayores registran acentuadas brechas de desigualdad, que no sólo limitan el desarrollo de sus capacidades, sino que restringen el pleno acceso a los derechos sociales.

Ante esta problemática, desde la conformación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, el Gobierno de la República consideró implementar un nuevo diseño de la administración pública que reconoce a la desigualdad y a la pobreza en nuestro país como fenómenos complejos y multifuncionales, que se relacionan y se retroalimentan por factores como el género, la ubicación geográfica, las prácticas culturales e incluso la edad.

Como ejemplo podemos pensar en que las condiciones de vida y el entorno comunitario de un niño de 12 años de edad de San Felipe del Progreso, Estado de México, son completamente distintas a las de un niño que vive en la colonia Del Valle, del Distrito Federal. El no tener el mismo acceso a la alimentación, a la educación, a la salud y a la información limita el desarrollo de sus capacidades y el ejercicio de sus derechos. Es también el caso de los 4.5 millones de hogares, donde habitan adultos mayores de 65 años que no cuentan con ningún tipo de pensión ni jubilación, situación que limita el ejercicio de sus derechos elementales, como la alimentación y la salud.

Otro grupo de población que ejemplifica estas brechas de desigualdad son las mujeres al frente de un hogar, un fenómeno cada vez más creciente, pues actualmente en México 7 millones de mujeres son jefas de familia. Frente a esta condición, ha sido necesario generar un nuevo esquema de seguridad social para que en caso de faltar la mamá los hijos puedan tener acceso a la educación hasta el nivel universitario.

¿Qué implican estos profundos contrastes? Que la política social debe ser diferenciada y tomar en cuenta el contexto sí geográfico, pero también cultural, de género, diseñando políticas públicas adecuadas a cada una de las distintas realidades que presenta nuestro país. Si bien los diversos programas sociales han permitido compensar de alguna forma esas desigualdades, no han sido suficientes del todo, pues los resultados han mostrado que no se ha logrado revertir progresivamente

estos fenómenos.

Por ello, el Gobierno de la República, por medio de la Secretaría de Desarrollo Social, ha transitado a un nuevo modelo de política social, uno de nueva generación, cuyo principal objetivo es superar el asistencialismo, desarrollando la capacidad productiva de las personas y sus comunidades y que permita entender que no hay mejor manera de combatir la pobreza que contribuir al crecimiento económico, a la creación de empleo y al autoempleo, así como una mejor distribución del ingreso. Este tránsito del asistencialismo a la institucionalización de una política social de desarrollo de capacidades no sólo es tarea del Estado, sino que involucra los esfuerzos, voluntades y recursos de los diversos órdenes de gobierno y de toda la sociedad mexicana.

Esta política social de nueva generación establece que la pobreza y la desigualdad no pueden ser atendidas de manera aislada por una sola secretaría o dependencia, sino, por el contrario, debe imperar una visión integral y por tanto multisectorial, tal y como sucede con la operatividad de la estrategia nacional que combate el hambre, que lleva obras y acciones integradas y focalizadas a las zonas rurales y urbanas más pobres del país; o como la transformación del programa de subsidios más importante a nivel nacional en el que confluyen acciones de salud, educación e ingreso, al cual se le ha incorporado el componente productivo, como premisa fundamental para la superación de la pobreza.

Estoy convencido de que la política social de nueva generación va por buen camino y que por mucho está rebasando no sólo las buenas intenciones, porque reconoce, pero sobre todo hace efectivos, los derechos sociales de los mexicanos, derechos por los cuales se ha luchado a lo largo de los años.

Con la política social de nueva generación, hoy nuestro país sienta las bases de un Estado que, además de reconocer los derechos, comienza a hacerlos efectivos para cada vez más mexicanos.

*Subsecretario de Desarrollo Social