Primer balance de la aprobación de la Ley del Servicio Profesional Docente

Blanca Heredia

Celebro el que, frente a las manifestaciones, marchas, tomas y plantones de los líderes magisteriales y maestros de la CNTE en la capital del país, el gobierno haya sido prudente con el uso de la fuerza. Sí sería mejor que en esto y en otras cosas fuésemos Dinamarca, pero como no somos (por ejemplo: no tenemos policías daneses), conviene mejor andarse con tiento.

Celebro también el que y a diferencia de lo ocurrido en otras ocasiones, el uso escaso y prudente de la fuerza no haya ido aparejado de la renuncia completa a gobernar. En 2002, frente a la resistencia violenta de grupos diversos en Atenco, el gobierno de Fox no usa la fuerza, pero al mismo tiempo abandona el proyecto de construir el anunciado nuevo aeropuerto de la capital del país.

En 2013, el gobierno de nuevo se contiene y evita usar la fuerza frente a protestas que retan directamente a la autoridad —toma del Congreso, bloqueo del acceso al Aeropuerto— y desquician la ciudad de México. A diferencia del 2002, sin embargo, no por ello cede sin más en su proyecto de transformar las reglas del juego para acceder y conservar una plaza de maestro.

En el saldo, hasta el momento, de los conflictos asociados a la aprobación de la iniciativa de Ley del SPD, hay así cosas importantes que celebrar. El saldo, sin embargo, no es enteramente positivo; deja también cosas que lamentar y muchos, muchos pendientes.

La negociación del fin de semana con el liderazgo de la CNTE hizo posible que las cosas no se salieran de control y que la iniciativa se aprobara, pero introdujo modificaciones en la ley, la mayoría de la cuales la debilitan y habrán de complicar aún más, lo que de por si era y será un proceso de instrumentación enormemente complejo e incierto.

Varias de las modificaciones a la iniciativa original producto de la negociación con la CNTE son claros retrocesos. Entre otros: el monopolio por dos años para los egresados de las normales en los concursos para la ocupación de nuevas plazas; la decisión de no transparentar los resultados de las evaluaciones a los docentes, y el que se haya acortado el ya de por si breve período de inducción previo a la obtención de la definitividad de 2 años a 6 meses.

Subsisten, por otra parte, en el texto de la ley aprobada las deficiencias de la iniciativa original, particularmente en lo que hace a la definición de competencias entre el gobierno federal y los gobiernos estatales en lo que hace a su instrumentación y en el establecimiento de una ruta profesional para los docentes digna de tal nombre.

La única modificación qu pudiese tener algún mérito de las que se le hicieron al proyecto original fue la de incluir el compromiso del gobierno de hacer algo en relación al desastre de la normales.

Me queda frente a la aprobación de esta ley que hubiera podido marcar un antes y un después, un regusto agridulce. Me parece, con todo, que es mejor que la ley haya sido aprobada a que no lo hubiese sido, y espero que en el mucho trabajo que falta, puedan llenarse las lagunas y generarse reglas que permitan elevar la probabilidad de su instrumentación efectiva.

bherediar@yahoo.com