Sobre la injusticia constitucional en Brasil

Tal y como se esperaba Dilma Rousseff se defendió con elocuencia y precisión en el juicio político a que la sometió el Senado brasileño. La mandataria logró demostrar que en la motivación de sus principales enemigos en el gobierno de Michel Temer y en la legislatura senatorial hay ensañamiento e inequidad. La quieren ver caer y no lo disimulan. La mayor parte de los alegatos de los senadores en su contra se concentró en una revisión crítica de la política económica del PT.

Pero el aumento de la inflación o el desempleo no son causa de juicio político en Brasil. Lo que da pie al impeachment es el manejo discrecional de créditos por fuera del presupuesto, un tecnicismo del que se sirvió la oposición parlamentaria para sostener una falta de responsabilidad de la presidenta. En este punto, la defensa de Rousseff fue débil porque apeló a la criminalización de sus enemigos y no a una verdadera refutación de la base jurídica del supuesto crimen de responsabilidad.

La corrupción de sus rivales no exime a Rousseff de errores administrativos.

Errores que en la Constitución de Brasil permiten abrir un proceso de juicio político en el Senado que conduzca a la revocación del mandato presidencial.

Si hay un golpe en curso en Brasil no se trata, únicamente, de un “golpe parlamentario”, como sostienen Rousseff y sus seguidores, sino de un golpe constitucional ya que el proceso contra la mandataria se ampara en, por lo menos, dos acápites del artículo 85º de la Carta Magna brasileña.

En dicho artículo de la Constitución de 1988, se establece que puede procederse a un juicio político al presidente si se identifican actos que amenacen la unidad de la nación, la división de poderes, los derechos fundamentales, el acatamiento de las decisiones del poder judicial, la “probidad en la Administración” y la ley presupuestaria. Los cargos contra Rousseff se basan en estos dos últimos aspectos, puramente administrativos, pero la mandataria y su equipo prefirieron una defensa más política que técnica.

En un momento de la autodefensa, Dilma decía que ella también podía explayarse en los números, aunque había optado por privilegiar el enfoque político. Lo que buscaba la mandataria era un efecto de desenmascaramiento que hiciera evidente la manipulación de los datos por parte de una élite legislativa que, implicada en casos de corrupción más graves y pendientes de procesamiento, recurría a un subterfugio constitucional para deshacerse de la titular del poder ejecutivo.

Tal vez fue la vehemencia de la presidenta y de algunos de sus defensores lo que convenció al líder del Senado Ricardo Lewandowski de dividir la votación en dos: una sobre la destitución, que se impuso con 61 votos, y otra sobre la inhabilitación para cualquier cargo público por ocho años, que no alcanzó la mayoría requerida de 54 votos. Para casi todos en el Senado brasileño, adversarios o no de Dilma Rousseff, la sentencia era desmedida e injusta, pero estrictamente constitucional.

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