La revuelta de los maoístas subsidiados

Ilustración Francisco Lagos La Razón

En México, país de máscaras y simulaciones, era casi inevitable que surgiera un movimiento cuyas características lo hacen único en el mundo actualmente, se trata de la revuelta de los maoístas subsidiados, tal como ha emergido en el estado de Guerrero.

El organismo en el cual se amparan estos practicantes de la violencia de la turba —como anacrónicos y grotescos émulos de la Revolución Cultural China— tiene las siglas de la CETEG, es decir, “Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Guerrero”.

No son, pues, sólo estudiantes los soliviantados —a quienes manipulan de forma severa como en el caso de la Normal de Ayotzinapa—, sino la revuelta está integrada por un conjunto de líderes y activistas magisteriales, quienes se dedican a distintas actividades delictivas y ahora se han insurreccionado contra la democracia mexicana, a la que han decidido prohibir en el estado de Guerrero.

Si bien todos los días nos enteramos de los delitos federales y comunes cometidos por estos sedicentes maestros —junto con los normalistas a quienes usan a su antojo incorporados a sus brigadas de choque—, los rodea el silencio a la impunidad que ejercen.

La mayoría calla cuando los de la CETEG han sometido a humillaciones públicas a sus adversarios al pasearlos con letreros infamantes; cuando han incendiado edificios públicos; cuando han agredido alevosamente a policías, lo que ha incluido azotes a algunos de ellos como si se tratase de una “justicia” al estilo del Estado Islámico; cuando han vandalizado camiones de empresas privadas; cuando han saqueado supermercados; cuando han bloqueado carreteras o toman casetas para cobrar por su cuenta a los viajeros —en un acto semejante al cobro de derecho de piso por parte de los extorsionadores—; cuando irrumpen en fiestas privadas para atemorizar a mujeres y niños; cuando amenazan a los representantes de las instituciones democráticas de este país.

Calla el Estado mexicano como si sus representantes de los tres poderes se atemorizaran frente a la revuelta de estos maoístas que se sienten la encarnación del “pueblo” y en su radicalismo delirante creen que ha llegado la hora de dar el golpe contra la “democracia burguesa”.

Calla el establishment cultural mexicano —es un silencio lleno de ruido y consignas— lo que sirve para encubrir así el origen del crimen de Iguala —el Tlatelolco de la izquierda— consistente en ocultar que se envío engañados y en un acto provocador a estudiantes de nuevo ingreso de la Normal de Ayotzinapa a un municipio dominado por una facción de izquierda que según sabían sus rivales —René Bejarano dixit— estaba en convivencia con criminales despiadados. Es un silencio que termina siendo cómplice, pues la revuelta de los maoístas subsidiados de la CETEG tiene que ver mucho con poner una cortina de humo a la responsabilidad culposa de esta provocación original.

Calla la mayor parte de la sociedad civil mexicana que comete el error de las clases medias en otras circunstancias históricas que no supieron desvincular a tiempo el enojo legítimo por sus agravios, del radicalismo encaminado a cancelar libertades como se propone ahora la CTEG en Guerrero.

Calla la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a pesar de ser dirigida por un auténtico jurista como Luis Raúl González Pérez, quien se comprometió a enfrentar la impunidad de los servidores públicos en esta materia; pues resulta que, lumpenizados y todo, los dirigentes y activistas de la CETEG cobran como maestros y su organismo recibe subsidios del Estado mexicano en su calidad de sindicato; así pues, son en esencia servidores públicos dedicados a delinquir y amenazar las libertades de los mexicanos.

Por eso le llamo a su revuelta, la de los maoístas subsidiados; la pagamos con nuestros impuestos; desvían fondos educativos federales y las cuotas de sus agremiados; extorsionan en las carreteras y cometen un delito federal grave tipificado por el Código Penal —al evitar ingresen esos recursos a las arcas nacionales—. El triunvirato de la CETEG —su secretario general, Ramos Reyes Guerrero; el falso vocero de los padres de familia, Felipe de la Cruz; y José Luis Hernández Rivera, director de la Normal de Ayotzinapa y quien tiene averiguaciones previas por actos de tortura— debe ser derrotado por la defensa de la democracia y frenado en sus intenciones de querer imponer su dictadura de facto. Quitemos máscaras y acabemos con las simulaciones.

En el artículo “Discutiendo Ayotzinapa” publicado en Letras Libres, la académica del CIDE, Estefanía Vela Barba, dice que es “discriminatorio” y opuesto a la “libertad de expresión” denunciar críticamente a estos “pobres profesores”. En el mismo número, Cristophoper Domínguez recordó la ignominia de los sofisticados intelectuales franceses que confundían al maoísmo y al genocida Mao con una especie de redentorismo franciscano.

Guardadas las proporciones, ahora es lo mismo. Los maoístas subsidiados de Guerrero, al ser enemigos de la democracia, deben ser repudiados en defensa de esta misma democracia, de la ley y de la libertad.