Colima no sólo volvió a quedar en el último lugar del Índice de Paz México (IPM). En 2025 también cargó con la peor tasa de homicidios, el mayor impacto económico por habitante y el nivel más alto de delitos cometidos con armas de fuego, un cruce de indicadores que coloca a la entidad como el punto más crítico del mapa nacional de violencia.
De acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), Colima tuvo la tasa más alta de homicidios del país, con 74.1 asesinatos por cada 100 mil habitantes, lo que mantuvo a la entidad en el último lugar nacional por cuarto año consecutivo, pese a una baja frente a los niveles registrados en los tres reportes anteriores.
- El Dato: A nivel nacional, el IPM reportó una mejora general de 5.1% durante 2025, impulsada principalmente por una reducción de 22.7% en la tasa nacional de homicidios.
Los delitos cometidos con arma de fuego también registraron la tasa más alta del país, con 68.9 casos por cada 100 mil habitantes. Aunque este indicador contempla homicidios y asaltos, en la entidad casi todos los registros fueron asesinatos. Nueve de cada 10 víctimas murieron por disparos, la proporción más elevada a nivel nacional, y la peor dentro del reporte por 11 años consecutivos.
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Carmina Jasso, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, advirtió que Colima concentra niveles críticos de violencia homicida en la mayor parte de su territorio: “Siete de sus 10 municipios superan las 50 muertes por cada 100 mil habitantes”.
Manzanillo aparece como uno de los puntos más críticos. Por segundo año consecutivo, tuvo la tasa de homicidios más alta entre los principales municipios del país, con 150 por cada 100 mil habitantes, en un estado identificado como punto relevante de entrada de precursores químicos para la producción de fentanilo.
- 74.1 homicidios por cada 100 mil habitantes registró Colima en 2025
Jasso destacó que la violencia letal se registró muy por encima de los umbrales usados para comparar la incidencia municipal. “Los datos están ahí; nos permiten focalizar y mirar hacia atrás”, dijo, al subrayar la utilidad del índice para ubicar los focos más graves.
Colima también registró la carga per cápita más alta del país por la violencia, con 70 mil 123 pesos por habitante, más del doble del promedio nacional, estimado en 30 mil 36 pesos, y casi siete veces mayor que la de Yucatán, la entidad mejor posicionada del índice, donde el impacto llegó a 10 mil 785 pesos por persona.
La factura total de la violencia para Colima alcanzó 59.1 mil millones de pesos durante el año pasado, equivalente al 29.8 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), casi tres veces más que el promedio nacional. Se trata de una carga que consume casi una tercera parte de la actividad económica estatal y confirma que la inseguridad en la entidad golpea también la producción, el ingreso y la capacidad de desarrollo.
Michael Collins, director para las Américas del IEP, explicó que al comparar el costo de la inseguridad frente al PIB estatal, los mayores impactos aparecen en los territorios menos pacíficos, lo que retrasa su salida de este ciclo de violencia y crimen. Su deterioro tampoco responde sólo al último año. Desde 2015, Colima acumula la caída más severa del país, con retrocesos en todos los indicadores que evalúa el IPM. Las tasas de crímenes de la delincuencia organizada y delitos con violencia crecieron más de cinco veces; los ilícitos cometidos con armas de fuego aumentaron más de tres veces, y los homicidios casi se triplicaron.
Ven alza de “delitos ciegos” con AMLO
| Por Elizabeth Hernández |
LA ESTRATEGIA de repliegue aplicada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador redujo la confrontación directa, pero dejó una “zona ciega” en la medición de la violencia: el avance de la extorsión y el reclutamiento de jóvenes como formas de control criminal, planteó Ana Laura Magaloni, directora del Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia.
El problema del repliegue, explicó en la presentación del Índice de Paz México 2026, fue que no contuvo al crimen organizado; por el contrario, permitió que ampliará su presencia en otros delitos menos visibles. Esa decisión, dijo, pudo modificar las características de la crisis, porque la violencia no sólo debe medirse por homicidios.
Explicó que la baja en enfrentamientos o asesinatos no necesariamente refleja una pérdida de control criminal, pues bajo una menor presencia directa del Estado, los grupos delictivos pudieron avanzar hacia actividades con menor visibilidad pública, pero con fuerte impacto en comunidades, comercios y jóvenes.
“El aumento o la penetración del crimen se dio en delitos como extorsión y reclutamiento de jóvenes, cosas que no se ven en los índices de homicidio”, afirmó. La abogada constitucionalista añadió que esos fenómenos obligan a revisar la forma en que México mide la seguridad y los efectos reales de cada política pública.
Bajo esa lectura, la extorsión aparece como un delito que altera la vida económica sin generar siempre denuncias o registros completos. El reclutamiento, en tanto, es una forma de control social que tampoco se refleja de forma clara en las cifras tradicionales de violencia letal.
Magaloni trazó una línea entre las estrategias de los últimos cuatro gobiernos federales: Felipe Calderón llevó al Ejército a las calles sin un sistema judicial capaz de frenar abusos; Enrique Peña mantuvo esa ruta sin colocar la seguridad en el centro de su narrativa; Andrés Manuel López Obrador eligió el repliegue. Respecto al Gobierno actual, sostuvo que Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch no reproducen el modelo de fuerza indiscriminada: su apuesta se concentra en personas específicas, identificadas como generadoras de violencia.
“Sheinbaum no llega con el uso indiscriminado de la fuerza”, dijo. La diferencia radica en que ahora la acción pública busca detener y llevar a proceso a objetivos concretos, en lugar de sostener una lógica de confrontación abierta. Desde su perspectiva, esa modificación ayuda a entender el aumento de la población penitenciaria y de las detenciones: “Estamos ante una estrategia organizada y que piensa que hay que detener y encarcelar”.
Magaloni consideró que el nuevo enfoque ofrece mejores señales que los modelos previos, aunque advirtió que ninguna ruta podrá consolidar la paz si el país mantiene fiscalías y juzgados sin capacidad suficiente. En su diagnóstico, el sistema de justicia sigue como el punto débil de todas las administraciones.
“El sistema de justicia cumple la tarea de estabilizar la verdad”, dijo al hablar de víctimas, personas desaparecidas y familias que no encuentran respuestas institucionales. Afirmó que México necesita órganos capaces de establecer responsabilidades de forma creíble y sancionar abusos cometidos por autoridades.
Para ella, la reducción de homicidios constituye una buena noticia, pero no resuelve la crisis de seguridad. El reto, dijo, consiste en impedir que oculte la expansión de delitos menos visibles que mantienen el miedo y la presión criminal.
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