La mandataria Claudia Sheinbaum anunció que revisará, junto con la Consejería Jurídica de la Presidencia, la reforma que consumó el Congreso de Veracruz orientada a diseñar un traje a la medida para blindar a la gobernadora Rocío Nahle contra una revocación de su mandato.
La enmienda, aprobada con 39 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, y propuesta del PVEM, supone reducir de dos a un mes el tiempo para que la población recolecte las firmas necesarias y se haga válida su solicitud de abrir una consulta que evalúe la continuidad o el cese de la mandataria estatal.
En un primer punto, la Presidenta de la República comentó que no conocía del cambio constitucional, pero eso no significaba que se suprimiera la posibilidad de revocar el gobierno.
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“No conocía este cambio en la ley. Lo que entiendo es que sigue en la ley la posibilidad de revocación de mandato de la gobernadora o el gobernador, en su caso. No es que se haya negado la posibilidad”, señaló ayer, durante su conferencia.
Sin embargo, al consultarle si no veía en esta enmienda un obstáculo para el derecho de la ciudadanía a cambiar su gobierno, porque finalmente acota el tiempo para sostener su petición, comentó que se revisará con la consejera jurídica Luisa María Alcalde.
“Hay que revisar. Reviso con la consejera jurídica si es que se está limitando la participación de la ciudadanía o sencillamente se acota alguna circunstancia”, ofreció.
El martes pasado, el pleno del Congreso de Veracruz aprobó la reforma a la Constitución Política local en materia de revocación de mandato, con la que, de acuerdo con la oposición, se blindó a la actual gobernadora Rocío Nahle García.
En el marco del debate en el Legislativo veracruzano, la diputada de Movimiento Ciudadano María Elena Córdova Molina señaló que votó en contra, al considerar que con el cambio legislativo se reduce el tiempo del que disponen los ciudadanos para reunir las firmas necesarias para impulsar el mecanismo de revocación y que las normas se acomodan a conveniencia del grupo gobernante.
De igual manera, la legisladora priista Ana Rosa Valdés Salazar puso sobre la mesa que la reforma está prevista para hacer más complejo el procedimiento de revocación de mandato y “es casi imposible reunir los nuevos requisitos”.
Además, la legisladora panista Mont-serrat Ortega Ruiz subrayó que se está ante una decisión constitucional sin tener claridad suficiente de cómo se va a garantizar el procedimiento de revocación de mandato.
En defensa del resolutivo, el diputado del Partido del Trabajo Ramón Díaz Ávila manifestó su respaldo al dictamen y externó que con esta acción se armonizan las disposiciones constitucionales del estado a los criterios federales, estableciendo reglas claras y la calificación de requisitos dentro de un plazo determinado.
Finalmente, la diputada Tania María Cruz Mejía, del Verde Ecologista, expresó que con esta reforma para apuntalar la democracia participativa se establece que en cada municipio de la entidad deberá reunirse como mínimo el tres por ciento de su respectiva lista nominal electoral, y “con esto garantizamos que la voluntad ciudadana no se concentre sólo en las grandes zonas urbanas, sino que integre la voz de nuestras comunidades en todo el territorio estatal”.
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