Una red familiar construida por el tesorero de Michoacán durante el gobierno de Fausto Vallejo (2012-2014), Luis Miranda Contreras, aprovechó sus vínculos políticos y el uso de inteligencia artificial (IA) para presuntamente suplantar a ministros, gobernadores y altos funcionarios, con propósitos extorsivos, para exigir dinero, obtener contratos y colocar personas en puestos públicos.
La organización, que operaba desde una residencia de lujo en el fraccionamiento La Providencia Metepec, Estado de México, tenía entre sus presuntos integrantes al exsecretario de Finanzas de Michoacán, identificado por las autoridades como Luis “N”.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvieron al exfuncionario junto con su esposa, Liliana “N”; sus hijos Luis Samuel “N” y Aimee de Guadalupe “N”, además de Agustín Arturo “N”, quien fungía como su escolta. Un juez vinculó a proceso a los cinco por el delito de extorsión y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Escolta de Nahle agrede a activista contra cáncer
- El Dato: MÉXICO CUENTA con 362 empresas dedicadas al desarrollo e implementación de IA, acumulando inversiones cercanas a 500 millones de dólares (2022-2023).
Entre las identidades que presuntamente usurpaban, a través de la clonación de voces con ayuda de herramientas de IA, figuran las de Lázaro Cárdenas Batel, Olga Sánchez Cordero, Horacio Duarte y Ariadna Montiel.
La organización también recurría a nombres de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gobernadores, alcaldes y funcionarios de distintas dependencias para exigir recursos económicos, obtener plazas laborales o favorecer contrataciones, en un esquema en el que las víctimas eran también políticos, además de empresarios.
Miranda Contreras ocupó la Tesorería General y la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de Michoacán entre 2012 y 2013. Su trayectoria en distintos niveles de la administración pública le permitió establecer relaciones personales y conocer estructuras gubernamentales que, de acuerdo con las investigaciones, después aprovechó para contactar a posibles víctimas.
El exfuncionario también tiene antecedentes penales por peculado. Durante su paso por el gobierno de Vallejo, enfrentó una detención y un proceso por un desvío de 26.8 millones de pesos, además de una inhabilitación para desempeñar cargos públicos en Michoacán.
- El Tip: DE LOS USUARIOS registrados en el país, 66 por ciento utiliza todos los días la inteligencia artificial, y 77 por ciento la emplea con fines educativos o de estudio.
EL MODUS. Para concretar las extorsiones, los integrantes del grupo obtenían números telefónicos personales de políticos, funcionarios y empresarios. El primer contacto les permitía reunir información sobre actividades institucionales, agendas y operaciones económicas, datos que después utilizaban para dar credibilidad a nuevas llamadas.
“Mi jefe quiere hacerle una llamada desde su celular, por favor, si me proporciona su número, en unos minutos se comunica con usted por WhatsApp”, era uno de los mensajes que empleaban para establecer comunicación con sus objetivos.
Luego del primer contacto, los presuntos extorsionadores se hacían pasar por funcionarios de alto nivel y pedían dinero, bajo el argumento de que tenían instrucciones de sus superiores. También exigían la contratación de determinadas empresas o que personas de su interés obtuvieran puestos dentro del gobierno.
Las conversaciones incluían expresiones y referencias propias del entorno gubernamental. Los responsables también utilizaban fotografías de perfil, logotipos institucionales y nombres oficiales para aparentar que los mensajes procedían de oficinas públicas o equipos de colaboradores cercanos a los funcionarios.
EN EFECTIVO. Además, la fiscalía mexiquense identificó el uso de IA para reproducir voces de actores políticos y económicos. Los sospechosos creaban intercambios ficticios entre supuestos servidores públicos, mediante mensajes de texto y grabaciones de audio, que después mostraban a sus víctimas como respaldo de las solicitudes.
En uno de los casos, la organización contactó a representantes de una empresa de tecnología que desarrolla documentos de identidad de alta seguridad. Sus integrantes ofrecieron un contrato a cambio de una cantidad importante de dinero y recurrieron a la identidad de un supuesto asistente personal para establecer la primera comunicación.
Respecto al destino de los recursos, las indagatorias señalan que Miranda Contreras tenía restricciones en el sistema bancario mexicano por sus antecedentes, por lo que exigía entregas en efectivo. Cuando requería incorporar el dinero a cuentas financieras, presuntamente recurría a una empresa de arquitectura y construcción que pertenece a su hija Aimee de Guadalupe.
CASAS Y AUTOS LUJOSOS. Parte de los ingresos que la Fiscalía atribuye a estas actividades permitió la adquisición de inmuebles en zonas de alta plusvalía y vehículos de lujo. Durante el cateo a la residencia de Metepec, los agentes localizaron numerosos teléfonos celulares, tarjetas SIM de distintas compañías y automóviles de alta gama.
Los investigadores identificaron al menos 19 dispositivos de las marcas iPhone, Samsung Galaxy y Motorola, entre otras, cuyos registros telefónicos corresponden con líneas que algunas víctimas reportaron. Los ocupantes del inmueble intentaron ocultar parte de los equipos durante la diligencia, de acuerdo con las autoridades.
El caso surge en medio de las advertencias de especialistas sobre el uso de herramientas de IA para cometer fraudes y extorsiones. Cecilia Patricia Navarrete Soriano, directora de la Policía Cibernética de la Fiscalía General de Michoacán, explicó que estas herramientas permiten fabricar mensajes personalizados, imitar voces a partir de fragmentos de audio y producir imágenes falsas. “La inteligencia artificial no crea nuevos delitos, baja la barrera de entrada y sube la credibilidad del engaño”, afirmó.
Con los elementos que obtuvo durante la investigación, la Fiscalía mexiquense atribuyó a Miranda Contreras, sus familiares y el escolta una probable intervención en las operaciones de extorsión. Los cinco permanecen en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya, donde enfrentarán el procedimiento judicial hasta que un tribunal determine su responsabilidad penal.
RADIOGRAFÍA DEL PAÍS
Algunos datos de la ofensiva contra el flagelo.
La Estrategia Nacional contra la Extorsión se implementó el 6 de julio de 2025.
En este delito, los perpetradores amenazan a comerciantes, cobran cuotas a transportistas, intimidan a productores y afectan el sustento de miles de familias.
Hasta el 31 de agosto de 2026 había más de dos mil personas detenidas, con apoyo de fuerzas federales y fiscalías locales, en 29 estados del país.
En marzo pasado se tenía registro de 161 mil 112 llamadas desde el arranque, de las cuales 88.7% fueron no consumadas.
En septiembre y octubre de 2026 se han desarticulado células dedicadas al cobro de piso y suplantación de funcionarios en entidades como Morelos, Michoacán y el Estado de México.
En el Edomex, el gobierno estatal reportó una disminución de hasta 35% en la incidencia del ilícito, en comparación con el año anterior.
