Aunque las 39 personas detenidas tras la manifestación por el agua en Guadalajara fueron liberadas, la situación jurídica de todas ellas permanece en el limbo, ya que la Fiscalía General del Estado de Jalisco suspendió temporalmente las carpetas de investigación, pero no archivó el caso de manera definitiva.
En entrevista con La Razón, Denisse Montiel, directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), expuso que, de las siete personas que el martes llevaron a cabo sus audiencias y posteriormente fueron liberadas, dos incluso fueron vinculadas a proceso penal por el delito de lesiones y deberán presentarse cada quincena a firmar.
Las otras cinco tendrán una nueva audiencia mañana, en la que se definirá si son o no sujetas a proceso y cuál o cuáles serían las medidas cautelares que se les impondría por parte del juez.
Amnistía pide involucrar a víctimas
- El Tip: EL DELITO de lesiones, en los casos más agudos, tiene una penalidad en Jalisco hasta de seis años de prisión, de acuerdo con la gravedad del daño infligido a la víctima.
Entre ellas se encuentra Samuel Morales, repartidor de comida por aplicación y cuyo caso también será revisado este viernes. De ser vinculado a proceso, él particularmente enfrentaría cargos por los delitos de lesiones y desobediencia o resistencia de particulares.
También explicó que en los casos de las 32 personas que fueron liberadas entre el domingo y el lunes, la Fiscalía General del Estado de Jalisco se reservó el derecho de continuar las carpetas de investigación; es decir, temporalmente suspendió las indagatorias, pero no archivó el caso de manera definitiva.
“Entonces, no es que ellas ya estén libres y sin cargos, sino que justo ahora están como en un limbo o incertidumbre de lo que decida la fiscalía: si continuará con la integración de las carpetas de investigación o no”, dijo.
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Expuso que las personas vinculadas a proceso también podrían enfrentar una eventual pena privativa de la libertad si reciben una sentencia condenatoria, aunque esto dependerá del desarrollo del procedimiento judicial.
Frente al panorama, la directora de la organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, que acompaña a las víctimas, demandó a la fiscalía y al gobierno de Jalisco desistirse de los cargos contra las personas y cerrar las investigaciones, en congruencia con lo que expresó el gobernador Pablo Lemus la víspera, al reconocer que existieron irregularidades en la actuación de las autoridades.
Acerca de las posibles responsabilidades de los policías que participaron en los operativos, la activista indicó que hasta el momento no se ha concretado ninguna detención y, aunque diversos funcionarios han anunciado el inicio de investigaciones, afirmó que éstas no se han traducido en acciones de este tipo.
En cuanto a las personas que denunciaron haber sido golpeadas o sufrido lesiones durante las protestas, señaló que todavía valoran si presentarán denuncias o quejas formales.
- El Tip: EL CUERPO de Bomberos de Guadalajara rechazó que sus elementos hayan participado en la agresión. Aseguró que el personal que arrojó agua no pertenece al municipio.
Por ahora, explicó, se encuentran desahogando como prioridad la atención médica y psicológica, además de evaluar las posibles consecuencias de iniciar procedimientos legales, ante el temor de sufrir represalias.
Sobre el anuncio de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el que pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que realice una “investigación profunda”, la directora del Cepad consideró que la intervención de la CNDH podría contribuir a que las investigaciones se desarrollen con mayor exhaustividad e independencia.
Amnistía pide involucrar a víctimas
| Por Alan Gallegos |
ES IMPORTANTE que organizaciones civiles y víctimas participen en la investigación de la actuación policial durante la marcha por el agua en Jalisco, aseguró Amnistía Internacional.
En entrevista en el programa Al Mediodía con Solórzano, Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional capítulo México, aseguró que la investigación por los hechos ocurridos durante la manifestación tiene que ser independiente y la Policía no se puede investigar a sí misma.
Agregó que también es importante investigar no solamente a quienes actuaron con violencia sobre los manifestantes, sino a quienes dieron las órdenes o quienes omitieron dar instrucciones para que se detuviera la “represión”.
Por lo pronto, la averiguación de los actos de violencia durante la marcha se centra ahora en solamente dos policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Jalisco, quienes fueron presentados ante el área de Asuntos Internos, tras ser identificados por presuntamente hacer un uso excesivo de fuerza contra los manifestantes.
Además, la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que investigará la responsabilidad que pudo tener un elemento que lanzó chorros de agua contra los manifestantes.
La SSP dio a conocer que los elementos están separados de sus funciones y así permanecerán hasta que se determine su responsabilidad en los hechos.
Edith Olivares mencionó que también es necesario investigar “la presunta intervención de grupos de choque dentro de la protesta, que generaron provocaciones” hacia los cuerpos policiales.
“Hay que distinguir entre los manifestantes que pueden realizar actos de acción directa no violenta y otro elemento muy distinto es la posibilidad que haya grupos de choque en esta manifestación; ése es un elemento que las autoridades tienen que investigar si es que hubo provocadores, lo cual, me parece importante repetir, no deslegitima la protesta”, dijo.
