A pesar de que la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza (LNUF) establece que las policías del país deben contar con protocolos que regulen el uso de la fuerza, únicamente 11 corporaciones estatales cuentan con este instrumento.
Así lo revela un estudio elaborado por la organización Causa en Común, la cual, con información obtenida a través de solicitudes de transparencia, evidencia la falta de dichas herramientas en dos tercios de los estados.
De acuerdo con el reporte, a partir de la publicación de la citada legislación, en mayo de 2019, las instituciones de seguridad en los tres órdenes de gobierno asumieron la obligación de regular, evaluar, registrar y rendir cuentas sobre el uso de la fuerza.
- EL DATO: AL CIERRE de 2025, el Inegi registró 123,790 personas que ejercían funciones operativas de seguridad pública adscritas a las corporaciones policiales estatales, sin incluir a la CDMX.
En el caso de las policías, estas obligaciones se traducen en el desarrollo de instrumentos y mecanismos que garanticen que el uso de la fuerza obedezca, en todo momento, a los principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, racionalidad, oportunidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.
SIN EVALUACIÓN. Además, ninguna entidad demostró contar con el programa de evaluaciones periódicas que la referida ley mandata para profesionalizar el uso de la fuerza.
En cuanto a los manuales de técnicas para el uso de la fuerza, solamente dos estados demostraron contar con este documento, pese a que la referida ley establece su obligatoriedad.
“Las deficiencias anteriores afectan la regularidad y homogeneidad de las prácticas de tiro, ante la ausencia de estándares que establezcan cuestiones básicas como la frecuencia con que los policías deben practicar.
“La falta de una periodicidad mínima para las prácticas de tiro de precisión y reacción, dado el incumplimiento generalizado de la LNUF, impide asegurar que los policías desarrollen y mantengan habilidades esenciales como la precisión, la velocidad de reacción y la toma de decisiones bajo presión”, advierte el informe.
- 166 Mil 224 policías municipales tenía el país en 2024
De acuerdo con el estudio, el estado de Jalisco fue la entidad que tuvo mayor porcentaje de policías estatales que acudieron a prácticas de tiro de precisión y reacción durante 2024 y que incluso hubo personal que tuvo más de una práctica por año.
TAMPOCO REPORTES. Otro de los aspectos es que la LNUF establece la obligación de generar informes públicos sobre las actividades que involucren el uso de la fuerza.
Éstos deben incluir información sobre el número de detenciones, evaluaciones corporales practicadas, personas fallecidas como consecuencia del uso de la fuerza y recomendaciones emitidas por organismos de derechos humanos.
Sin embargo, ninguna Policía Estatal demostró cumplir con la obligación de generar anualmente este reporte y únicamente cuatro policías estatales proporcionaron algunos de los datos.
“La ausencia de estos informes impide contar con datos clave para evaluar el uso de la fuerza policial, entre ellos, el número de civiles fallecidos. En consecuencia, la información oficial disponible es fragmentaria e inconsistente. La única fuente oficial que permite identificar y sistematizar estos datos es el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), que los recopila desde el año 2020”, se señala; sin embargo, se menciona que “este registro presenta limitaciones importantes”.
- EL TIP: JALISCO, Aguascalientes y Sonora reportaron duplicación de su personal operativo entre 2018 y 2024.
SITUACIÓN LABORAL. Otro de los aspectos negativos que pone de relieve el estudio de la organiación son las condiciones laborales de los policías, sobre todo municipales, las cuales “se explican, en mucho, por estrangulamientos presupuestales a nivel estatal y municipal, y por la eliminación y el congelamiento de fondos federales para el fortalecimiento de las policías en materia de salarios, infraestructura y equipamiento”.
Aunque se estima que el ingreso mínimo y necesario para cubrir las necesidades de los policías y sus familias era de 16 mil 668 pesos netos mensuales, la mayoría del personal policial percibe un sueldo inferior.
A nivel estatal, 6.9 por ciento de los policías recibía un ingreso inferior a 10 mil pesos mensuales, mientras que, a nivel municipal, 55 por ciento de los elementos percibía un ingreso inferior a 15 mil pesos.
Respecto del acceso a la seguridad social, 97 por ciento de los policías estatales cuenta con afiliación a una institución de seguridad social estatal, ya sea IMSS, ISSSTE o algún instituto local. En contraparte, 53 por ciento de los policías municipales cuenta con esta prestación.
“Existen diferencias entre entidades en cuanto a prestaciones básicas, como seguros de vida, de riesgos, de retiro, de invalidez, así como en cuanto a vacaciones y días de descanso, y también por lo que se refiere a los apoyos para familiares de policías fallecidos”, señala el documento.
