Oaxaca, con más casos de decesos por violencia política

En el que hasta la fecha es el segundo proceso electoral más violento de México desde el año 2000, Oaxaca se ubica como la entidad con más víctimas fatales de violencia política en el país.

A menos de un mes de los comicios, en el estado encabezado por Alejandro Murat suman ya 25 víctimas de violencia política, de las cuales 19 han sido casos en los que las agresiones han derivado en la muerte de los afectados.

Esta cifra coloca a la entidad en el primer lugar de delitos “fatales” cometidos contra actores políticos, de acuerdo con la última entrega del reporte “Incidentes de violencia política en México”, de la consultora Integralia.

El informe señala, además, que dos municipios oaxaqueños forman parte del top ten de las demarcaciones con mayor número de incidentes de violencia política en el país.

Se trata de Santiago Jamiltepec y la capital del estado, donde se han reportado tres ataques en cada uno.

En lo que va del proceso electoral, desde septiembre de 2020 a la fecha, han sido asesinados tres candidatos: dos morenistas y una panista, lo cual coloca al estado en la tercera posición entre las entidades con más aspirantes a cargos públicos muertos a nivel nacional.

El balance anterior no coincide, sin embargo, con el Cuarto Informe de Violencia Política en México de la consultora Etellekt, en el que Oaxaca se enlista como la tercera entidad con más crímenes violentos contra políticos, aspirantes o personas relacionadas a ellos.

El informe indica que han sido asesinados 10 políticos y cuatro servidores públicos sin militancia. En total, suma 14 muertes hasta el 30 de abril pasado.

El asesinato más reciente ocurrió el 13 de abril, cuando hombres armados ejecutaron al padre de la dirigente estatal del PAN, Natividad Díaz Jiménez. El señor se encontraba a bordo de una camioneta en la avenida Símbolos Patrios en la capital del estado, cuando recibió varios impactos de bala.

Previamente, el 20 de marzo, fue asesinada la candidata panista a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, Ivonne Gallegos.

Rubén Salazar, director de la consultora Etellekt, comentó a La Razón que la posición que ocupa el estado en este tipo de agresiones es “histórico” y se debe principalmente a una falta de estabilidad política en la que aún permea la “cultura del caudillaje”.

Explicó que hay municipios bajo el control de unas cuantas familias desde hace años —algunas desde la repartición de tierras en la década de los 30, durante la administración de Lázaro Cárdenas— y que transfieren el poder a sus propios familiares, de generación en generación.

“Oaxaca es un estado muy interesante en este sentido. Tiene mucho que ver con prácticas autoritarias de ejercicio y conservación del poder por parte de estas familias.

“Hay un corredor en ese estado, que hemos considerado como uno de los principales en materia de violencia contra políticos, que parte de algunos de los puertos más importantes, por ejemplo, Puerto Ángel, donde hay todo un corredor carretero que comunica con la ciudad de Oaxaca y que pasa por ciudades como Ejutla de Crespo y Ocotlán de Morelos, en donde preocupadamente se advierte esta disposición de los poderes locales de tener bajo su control ciudades estratégicas”, destacó.