Penalizan 8 estados la falta de prevención ante el brote

De manera reiterada, el Presidente Andrés Manuel López Obrador defiende su decisión de no imponer la obligatoriedad de las medidas para evitar contagios de Covid-19. Primero por que, dice, sería una maniobra autoritaria y, segundo, confía en que las personas sigan las recomendaciones por voluntad. 

Sin embargo, a escala local, la creciente cantidad de infecciones ha llevado al menos a ocho entidades de la República ha implementar multas económicas, incluso arrestos, por incumplir con el uso correcto de cubrebocas.

El estado que viró al lado extremo fue Nuevo León, donde el Congreso local aprobó una reforma al Código Penal con la que se decretaron multas de más de 34 mil pesos o arrestos por hasta tres años por el delito de “peligro de contagio” a quienes salgan a la calle y expongan a otros, teniendo conocimiento de que son portadores de la cepa.

En la entidad donde en las últimas dos semanas se duplicó la cantidad de contagios —hasta ayer sumó 21 mil 906 confirmados, según su propio recuento—, policías detuvieron a una mujer, el pasado 1 de julio, en el Metro de Monterrey, por no portar adecuadamente el cubrebocas; luego de que el video del hecho se difundiera en redes, la Secretaría de Seguridad local detalló que la detenida insultó a los policías después de que le pidieron colocarse el protector correctamente. 

Pese a que en ese estado esa disposición entró en vigor el 30 de junio, 15 días antes circuló la detención de 150 personas que en plena contingencia participaban de una reunión en el municipio de General Zuazua, cerca de Monterrey.

Órdenes drásticas como ésta también fueron motivo de polémica en Jalisco, con el caso del joven Giovanni, quien murió el pasado 5 de mayo bajo la custodia de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, quienes lo detuvieron cuando grababa el arresto de uno de sus vecinos, también, por no portar cubrebocas.

Tras la orden de obligatoriedad de las medidas de distanciamiento, por parte del gobernador jalisciense, Enrique Alfaro, en abril pasado, sólo en el primer día, siete personas fueron detenidas, en su mayoría jóvenes. Aunque las autoridades justificaron que se actuó así frente a una respuesta agresiva contra los elementos de seguridad o porque ingerían bebidas alcohólicas en la vía pública. 

El pasado 6 de julio, en Toluca, capital del Estado de México, se optó por aplicar multas de hasta 2 mil 607 pesos o 30 horas de arresto a quien no use el cubrebocas; lo mismo en Quintana Roo, que ante el incremento de casos en los últimos días, a partir del próximo domingo, se aplicarán multas de hasta 9 mil 260 pesos y arrestos por 26 horas en Tulum.

También desde abril, la alternativa de implementar arrestos a quienes no acaten adecuadamente las reglas de prevención se dio en Tamaulipas, Yucatán y Aguascalientes, donde es legal multar a negocios que incumplan.

A finales de ese mes, el Diario Oficial del estado de Oaxaca publicó el decreto de cubrebocas obligatorio, con la posibilidad de arrestos por hasta 36 horas a quienes no lo acaten. Tras la entrada en vigor de esta norma, una mujer que no portaba mascarilla rompió las cintas que evitaban el paso al zócalo capitalino, por lo que fue detenida.

En entrevista para La Razón, Isabel Erreguerena, experta en políticas públicas, consideró que con base en estudios respaldados por Naciones Unidas, la aplicación del Código Penal en las condiciones sanitarias actuales no ayuda a evitar el contagio; al contrario, provoca miedo en las personas a ser sancionadas y esto las inhibe a la hora de hacerse la prueba.

Los arrestos, dijo, podrían resultar contraproducentes, pues al ingresar a más personas a la cárceles sólo se incrementa la población penitenciaria, que ya está saturada y que no cuenta con infraestructura sanitaria adecuada.

“La criminalización genera más daño que bien porque estigmatiza a quienes tienen el virus y disuade”, explicó, al advertir que un asunto de salud se trata con medidas preventivas. “Es decir, con más pruebas y con información clara”.