La batalla en medios y foros académicos entre quienes impulsan la defensa de los derechos humanos de las víctimas, por un lado, y los de los procesados, a través del llamado debido proceso, por otro, se encuentran en un nuevo punto de choque.
A principios de mayo se supo que un juez liberó a Isidro Solís Medina porque no había tenido un abogado presente cuando lo reconocieron en la cámara de Gessel, como participante en el secuestro de Silvia Vargas Escalera, por lo cual anuló las pruebas en su contra.
De acuerdo con Nelson Vargas, padre de la víctima, se trataba de un secuestrador confeso y sentenciado. Sus señalamientos encendieron la mecha del debate sobre el peso que los jueces deben dar en sus fallos a los derechos de las víctimas y de los victimarios.
La representación clásica de la justicia es una mujer con los ojos cubiertos, con una espada y una balanza, pero para Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, la justicia en México es tuerta.
"Parece que ven siempre por los derechos de los acusados. El Estado ve primero por los derechos humanos de los victimarios. La justicia en México es tuerta sólo ve para un lado, sólo ve para el lado del procesado", indicó en entrevista con La Razón.
La aplicación de “tecnicismos” que realizan jueces, señala, contradice la esencia del artículo 20 constitucional, el cual establece que se debe proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.
El próximo 8 de junio es la fecha marcada para que en todo el país se aplique el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el cual trae cambios como la implementación de juicios orales.
En este sentido la señora Wallace se muestra escéptica de que el nuevo sistema rompa con los vicios del antiguo.
Si bien la capacitación de policías y ministerios públicos es un asunto pendiente, para la presidenta de Alto al Secuestro, la deficiencia en la impartición de justicia no pasa por las cadenas de policías y ministerios públicos sino por la “mezcla de criterios” por parte de los jueces.
“Si de verdad se aplicara el debido proceso, no se dejaría impune ningún delito, no dejarían libre a ningún criminal”.
Debido proceso, sólo en una democracia
La otra cara de la de moneda es la de los defensores de derechos humanos que ven en la procuración del debido proceso judicial un pilar en la construcción de un estado de derecho, una condición sin la cual, indican, la democracia no puede existir.
“El debido proceso es un mecanismo de control a la autoridad, que garantiza, que le da certeza a las víctimas que la persona detenida es su agresor”, señala Édgar Gómez Jaimes, abogado defensor de derechos humanos.
El tema de la aplicación de un nuevo sistema y del código nacional de procedimientos penales, es ya desde lo retórico un avance, pero el problema es la “operatividad del sistema”.
Y es que, para el abogado, el debido proceso es un deber de comportamiento, de diligencia. “En una dictadura no tienes claras las reglas, no hay claridad de cómo se llega a las conclusiones”.
Reconstruir un sistema
Ante este escenario de división, “la respuesta que tenemos que construir como sociedad es una respuesta fuerte, no solo desde la abogacía, del derecho o desde las normas, sino cultural e incluyente, deconstruyendo figuras como el machismo. Tenemos que vernos igual como mexicanos”, asegura Edgar.