El director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), José Antonio Guevara Bermúdez, defendió los criterios de indemnización a sospechosos que han sido detenidos en flagrancia, por hasta cinco millones de pesos desembolsados del fondo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); ello, sólo por el dicho de algún organismo de derechos humanos y pruebas que argumenten tortura.
"Si hay un pronunciamiento de un órgano de una comisión pública, estatal o internacional de derechos humanos, así como de un juez que califique el acto de autoridad como una violación sus derechos elementales, esa persona tiene derecho a una reparación integral e indemnización", señaló.
Explicó que el monto de esa compensación implica que “se le cubra el dinero que dejó de percibir el tiempo que estuvo expuesto a la violación de derechos humanos y por las secuelas de la misma, además de la cobertura de abogados y, si es el caso, los pagos doctores para su tratamiento, reparación de sus bienes o si los privaron de bienes, retribución por daño moral y por concepto de viajes y traslados”.
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Aclaró que la parte afectada tiene que demostrar todos esos gastos ante la CEAV “para poder reparar el daño”.
Sobre si es pertinente que la CEAV pague hasta 5 millones de pesos a un criminal, una vez que se demostró que se incurrió en casos de desaparición, tortura o de ejecuciones extrajudiciales, Guevara Bermúdez contestó que “esa cantidad de dinero no me parece desproporcionada”.
Reconoció que la CEAV tiene un procedimiento “muy burocrático” porque se requiere de llenar muchos formularios y acreditar muchas circunstancias; sin embargo, aclaró que para que una víctima de violación de derechos humanos pueda ser beneficiaria de una reparación, lo primero que tiene que existir es un procedimiento de un organismo que califique el acto de autoridad como una violación de derechos humanos”.
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Respecto a los organismos que tienen la capacidad reconocida por el Estado mexicano para tramitar casos individuales, citó a la Corte Interamericana, Comisión Interamericana, ambas de Derechos Humanos, Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, entre otros.
Aclaró que si algunos de esos órganos dice: “A Juan lo torturó el Ejercito; esa persona tiene derecho a una reparación integral, lo cual quiere decir que tiene derecho a una violación de derechos humanos”, explicó.
