Auditoría Superior de la Federación halló irregularidades por más de 32 mmdp en la Administración Pública en 2022

Durante 2022, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó anomalías por más de 32 mil millones de pesos en la Administración Pública, de los cuales aún quedan por aclarar más de 29 mil millones.

En la tercera entrega de la Cuenta Pública 2022, se detalló que las anomalías totales del año fueron por 32 mil 894 millones 91 mil pesos, de los que se subsanaron tres mil 128 millones 187 mil pesos, por lo que quedan pendientes de justificar 29 mil 765 millones 904 mil pesos.

De esta última, la mayor responsabilidad recae en los estados, pues 22 mil 892 millones corresponden al Gasto Federalizado.

En lo correspondiente únicamente a la tercera entrega, la ASF detalló que el monto por subsanar es de 23 mil 916 millones.

Al presentar el Informe ante la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, el titular de la instancia, David Colmenares, señaló que

“Hemos hecho cosas bien, seguramente no hay ninguna institución que no tenga algún tipo de dinámica que retrase las cosas; sin embargo, creo que los resultados no están mal. Hemos tratado de trabajar con objetividad y hacer y decir las cosas bien”, dijo.

Detalló que con esto se integran dos mil 153, lo que calificó como una cifra sin precedentes en la cobertura fiscalizadora de la ASF. Además, señaló que para 2023 se contemplan dos mil 258 auditorías, con lo que seguirá creciendo el número de entes auditados.

Comentó que se requieren más esfuerzos, pues actualmente el nivel recaudatorio del país se concentra en el nivel federal, mientras que el nivel municipal es el más bajo.

Señaló que han encontrado áreas de mejora urgentes como en aquellas universidades cuyos recursos provienen de las aportaciones federales y estatales y con lo cual muchas entidades no cumplen, lo que ha llevado a las instituciones a tener problemas graves para su operación, como la de Nayarit que se encuentra en una “agonía presupuestal”.

Explicó que la principal causa de las observaciones fue la falta de documentación para justificar el gasto.

Resaltó la identificación de la transferencia de dinero a cuentas bancarias para ocultar el rastro del uso de los recursos en adquisiciones de medicinas caducas, proveedores no localizados, entre otros.

Mario Alberto Rodríguez Carrillo, de MC, reiteró el reclamo sobre las pocas denuncias que han derivado de las observaciones y además la falta de claridad sobre los procesos de aclaración de las anomalías identificadas.

También urgió homologar los criterios y parámetros para determinar los pliegos de observación e irregularidades en las diversas entidades e instancias que son sometidas a una auditoría y así no se haga del tema un “asunto de especulación” para los entes involucrados.

Marco Antonio Mendoza, del PRI, comentó que los resultados deberán encausarse en sanciones ejemplares a los funcionarios públicos que cometan actos de corrupción.

Subrayó que este trabajo no debe reducirse a la presentación de resultados, sino también a la implementación de las recomendaciones que se hacen a las instituciones.

En otro sentido, acusó ante el auditor que en varias ocasiones los convenios de la ASF con las entidades federativas son usados con fines políticos para intentar presionar a municipios y funcionarios opositores, razón por lo cual le pidió mantenerse vigilante porque la instancia a su cargo no puede ser utilizado como un “instrumento de presión política de entes ajenos para pervertir la finalidad de las acciones que es el combate a la corrupción”.

La diputada Cristina Rodríguez, del PAN, dijo que es urgente resolver con inmediatez las observaciones que resultan de este trabajo, pues destacó que 80 por ciento de éstas se concentran en los gobiernos estatales y municipales.

Arturo Hernández, de Morena, dijo esperar contar con información objetiva y acorde al marco legal para analizar a profundidad los resultados y proceder contra quienes incurran en responsabilidades administrativas por acción, omisión o incompetencia, pero también para “evitar quemar en leña verde a funcionarios”.

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FGR