Existe una investigación abierta en contra del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, confirmó el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López; sin embargo, no está relacionada con la operación “Rápido y Furioso”, como se había mencionado.
“No conozco los señalamientos, lo que sí les puedo decir que en todo caso corresponderá a las autoridades locales llevar a cabo las investigaciones y deslindar las responsabilidades en este país. Afortunadamente ya no hay impunidad para nadie, yo les estoy contando pues de la investigación por delincuencia en contra de Felipe Calderón. No les puedo decir, no tengo a mayor detalle, entiendo que uno de los denunciados también es Genaro García Luna”Adán Augusto López, secretario de Gobernación
Entrevistado luego de asistir al foro “La participación de las Fuerzas Armada en Seguridad Pública”, realizado en Oaxaca, el secretario de Gobernación descartó que vaya a haber impunidad para ninguno de los implicados.
La denuncia fue interpuesta por el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, Arturo Peimbert, quien detalló que incluye a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, junto con el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz y fue presentada el pasado jueves ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya.
“Arturo Peimbert Calvo acudió junto con varias víctimas de posibles crímenes de lesa humanidad de dicha entidad, a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya a fin de poner en conocimiento de ese tribunal la situación acaecida en la ciudad de Oaxaca de Juárez y zona conurbada entre el mes de mayo de 2006 y agosto de 2007, cuando ocurrió una serie de hechos que dan cuenta de la aplicación de una política para cometer crímenes por parte del Estado Mexicano, asunto que es competencia de dicha Corte”, dio a conocer el organismo defensor de los derechos humanos a través de un comunicado.
La denuncia señala que integrantes del movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) fueron víctimas de delitos como la tortura, desaparición forzada, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado.
De acuerdo con Arturo Peimbert, decidieron acudir a la Corte Internacional luego de agotar las instancias mexicanas, pues "la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció asegurando que hubo violaciones graves a derechos humanos, igual que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Posteriormente, el gobierno y el Congreso de Oaxaca constituyeron la Comisión de la Verdad para investigar los hechos”, explicó.
Añadió que estos hechos se registraron durante un periodo de 15 meses, en que autoridades de los diferentes niveles de gobierno incurrieron en acciones para infundir terror entre la población y dejaron un saldo de 30 ejecuciones extrajudiciales, 311 detenciones arbitrarias, 248 casos de tortura documentada y comprobada, así como la desaparición forzada de por lo menos dos personas. Todas parte de la información sobre presuntos crímenes de lesa humanidad que fueron presentados ante la Corte Internacional.
La Defensoría señaló que “los delitos sobre los cuales tienen competencia la Corte Penal Internacional no tienen prescripción, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 29 de los Estatutos de Roma, y puntualizó que no es necesario que el asunto haya sido sometido a la jurisdicción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
CEHR