Activistas de Estados Unidos denunciaron una “cacería ilegal” de agentes estadounidenses en las escuelas primarias para identificar a los niños candidatos a ser deportados por su condición migratoria, lo que ha activado las alertas para hacerle frente a la crisis.
Durante la jornada del jueves, viernes y sábado pasados, autoridades de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS), como la CTU (Chicago Teachers Union), reiteraron que las escuelas son espacios seguros para los estudiantes mexicanos en Estados Unidos, luego de que supuestos agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) han intentado evaluar, en algunos planteles educativos en la ciudad de Chicago, a chicos candidatos a deportaciones.
Fanny Diego Álvarez, jefa de involucramiento familiar para las escuelas de Chicago, garantizó a los padres de familia que sus hijos están resguardados y bien protegidos, ante cualquier arbitrariedad que se pudiera cometer en los próximos días para la comunidad estudiantil en esta área de Estados Unidos, donde, afirman, se han recrudecido las medidas para los migrantes latinos, sin importar si son menores de edad.
Diego Álvarez señaló a La Razón que el ICE no solicita información sobre el estatus migratorio de los estudiantes o sus familias. Además, se recalcó que el ingreso de agentes del ICE a cualquier institución requiere una orden judicial válida, “condición que en este caso no se cumplió, durante los días pasados que han intentado estar cerca de los planteles, como en una cacería”.
Sin embargo, relató que la cadena CNN reveló el pasado fin de semana que los agentes que se creía eran del ICE y se acercaron a la escuela de Chicago, en realidad son del Servicio Secreto, lo que aumentó el temor de padres de familia ante el hecho de que los agentes federales pedían registrar una escuela primaria de Chicago el viernes por la mañana.
Alrededor de las 11:15 AM (hora local), padres de familia, principalmente latinos, denunciaron que los agentes intentaron ingresar a la escuela primaria Hamline, dijo Bogdana Chkoumbova, directora de Educación de CPS; sin embargo, los funcionarios escolares inicialmente exigieron documentación y les prohibieron la entrada.
La jefa de involucramiento familiar para las escuelas de Chicago, Fanny Diego, apuntó que los funcionarios escolares están preparados para posibles encuentros con agentes de ICE, desde que el presidente Donald Trump anunció una represión planificada a nivel nacional sobre la inmigración ilegal y sugirió que Chicago podría ser un objetivo para acciones de cumplimiento.
Dijo que el distrito sólo permitirá la entrada de agentes de ICE a las escuelas con una orden judicial criminal firmada por un juez federal, y no se dará acceso por órdenes administrativas o detenciones.
Para Cristi Pérez Cambell, abogada migratoria, esta situación, a pesar de su resolución rápida y eficiente, deja abierta una serie de interrogantes sobre los protocolos de seguridad y el acceso a las escuelas en situaciones similares.
“La tranquilidad retornó a Hamline, pero el eco de este acontecimiento permanecerá como un recordatorio de las tensiones presentes en la sociedad de Chicago. Yo soy hija de padre mexicano y madre estadounidense, así que entiendo lo que es vivir en medio de crisis; vamos a defender a los menores que tienen derecho a estudiar tranquilamente”, mencionó la experta en migración.
“Este discurso que dice que ‘los delincuentes ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados. La administración Trump no atará las manos de nuestras valientes fuerzas del orden y, en cambio, confía en que utilizarán el sentido popular’, ya nos quedó claro, pero es ilegal, es incongruente; la mayoría de estos niños de planteles en Chicago o en otros estados llegan queriendo tener una vida mejor”, argumentó la abogada Cristi Pérez Cambell.
Finalmente, Fernando Fuentes, padre de familia y activista por los derechos migrantes, señaló que él y su esposa han conversado con sus hijos, dos menores de edad, y les han indicado que es importante que conozcan sus derechos ante una posible deportación.
Refirió que, ante esta persecución migrante, está la información y el trabajo colectivo, “y aunque son temas muy difíciles, es importante hablar con ellos, decirles cómo deben actuar ante situaciones como las que se vivieron el fin de semana pasado”.
De este lado de la frontera, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) apuntó que expresa su profunda preocupación por la situación de la niñez migrante en contexto de movilidad humana y sus derechos humanos en el actual contexto.
La organización recordó que, de enero a agosto de 2024, el Estado mexicano ha registrado 113 mil 542 migrantes irregulares entre 0 y 17 años de edad (46.1 por ciento mujeres y 53.9 por ciento hombres). Los datos anteriores representa un aumento del 78.6 por ciento con respecto a la cantidad de migraciones irregulares de niñas, niños y adolescentes en los mismos meses del 2023 (63 mil 570 casos en total).
“Desde Redim rechazamos cualquier acción y medida que también ponga en riesgo la vida y los derechos humanos de estas infancias y adolescencias. Por ello, demandamos que en la planeación e implementación de políticas públicas en este nuevo ciclo se garantice la protección de niñas, niños y adolescentes en contextos de violencia que estamos viviendo y se atienda el interés superior de la niñez”, señaló.
Denuncian intento de deportaciones médicas
Aunque algunos hospitales de Estados Unidos en diversos estados se niegan a ayudar al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y a la nueva política del presidente Donald Trump, muchos otros están siendo obligados a colaborar con el gobierno estadounidense para sumar a las deportaciones masivas, acusaron migrantes mexicanos a La Razón, quienes refirieron que, “aunque la práctica de las deportaciones médicas es ilegal, el nuevo gobierno la aplica”.
María Esther Gama, radicada en Estados Unidos desde 1989 y de origen mexicano, describió que “esta es la era en la que más crueldad psicológica se ha empleado. Las deportaciones médicas estaban prohibidas y ahora, sin ser legales, las quieren aplicar”.
Explicó que estas son aquellas deportaciones que se pretenden hacer a ciudadanos que adquieren un servicio médico por una emergencia y son presas de doble vulnerabilidad: “la enfermedad y su estatus migratorio”.
La mujer, originaria de Chiapas, expuso a este diario que para muchos miembros de la comunidad en estos momentos es preferible el anonimato, y señaló que, en California, donde ella radica, se está sugiriendo a los prestadores de servicios médicos que en las facturas y registros no se indique el estatus migratorio de los pacientes, ya que los hospitales no tienen la obligación de ayudar a los agentes federales en detenciones o deportaciones.
De acuerdo con la organización de derechos de los inmigrantes local Free Migration Project, los hospitales utilizan la deportación médica como una forma de retornar a residentes indocumentados que necesitan atención médica a largo plazo, sin “consentimiento informado o mediante consentimiento forzado de la familia del paciente”.
Esther Gama recordó que, en diciembre del 2023, Philadelphia prohibió por primera vez en aquel país la deportación médica. Esa ordenanza adoptada por dicha ciudad garantizaba que los pacientes y sus familias obtuvieran la información médica en su idioma de origen, con el fin de que entendieran todas las indicaciones para así tomar la mejor decisión sobre su salud y admitieran plenamente cualquier repatriación médica, si ellos lo consideraban, pero sin intervención de una autoridad.
“Bueno, lo que ocurrió en Philadelphia parece que va a ser historia, como muchas otras cosas. Eso de detener a los inmigrantes indocumentados mientras están en servicio médico parece ser que ya volvió desde el día uno que llegó Donald Trump; pero con lo que no cuentan es que muchos de los hospitales, clínicas y centros médicos de Estados Unidos no ayudarán al presidente Trump para detener a inmigrantes ilegales en sus instalaciones, porque saben que sólo se puede hacer por un documento emitido por un juez”, resaltó.
En este contexto, Cary Williams, portavoz de la Asociación de Hospitales de Texas, expuso que “nada de esto cambiará la atención que reciban los pacientes. Ellos tienen garantizada su seguridad y su salud, que es lo más importante, ya que el derecho a la salud es universal, no se trata de nacionalidad”.
Además, estimó que en EU residen alrededor de 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven principalmente en California, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois, por lo que dejarlos sin servicio médico no sólo constituye una falta grave a sus derechos, sino que esto puede dar origen a otros problemas o daños colaterales, como el surgimiento o propagación, por ejemplo, “de enfermedades respiratorias u otros padecimientos que pueden transmitirse, al no ser atendidos”.
En Massachusetts, la situación es similar. “Aquí se están publicando avisos para dar a conocer a los pacientes su derecho a la privacidad; en las salas de emergencia se proporciona información al respecto en español y otros idiomas con el fin de informar a migrantes e inmigrantes sobre estos derechos”, narró Angélica Moreno, quien, además, subrayó que es la sociedad civil la que se está encargando de documentar los atropellos que está padeciendo la comunidad migrante al recibir un servicio médico.
Expuso que a través de grupos de redes sociales y de varias investigaciones se han registrado casos de acoso al personal médico en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Maryland, Michigan, Nebraska, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Pennsylvania, Tennessee y Texas, en los que los pacientes eran identificados con orígenes de países como México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Lituania, Filipinas y Corea del Sur.
“Yo trabajo para una enfermera estadounidense y a ellos, en su hospital, los están capacitando, al personal, para saber interpretar las órdenes judiciales del ICE y poder exigir a los agentes que se identifiquen y presenten una orden judicial en caso de que quieren ingresar en un área privada”, explicó Angélica Moreno.
Carlos de Paz, quien trabaja en un restaurante en Nueva Jersey y que requirió del servicio médico el sábado pasado, comentó que, de primera mano, supo que en ese estado se está valorando implementar una ley para que en los centros de salud no se permita preguntar sobre el estatus migratorio de los pacientes, ni ahí ni en Nueva York.
Otra fuente que prefirió no revelar su nombre dijo que el panorama es diferente en Florida y Texas, pues en estos estados se exige a los hospitales y centros médicos que pregunten el estatus migratorio de todos los pacientes, además de que se les solicita calcular cuánto le cuesta al gobierno brindar atención médica a esas personas.
“En Chicago hay terror ante detenciones”: ONG
Un verdadero ambiente de terror es el que están viviendo los migrantes en Chicago, Illinois, debido a las redadas que se han realizado en la última semana bajo el programa de deportación masiva que mantiene el gobierno de Estados Unidos.
“La gente tiene mucho miedo, ya ni salen a las calles; no van al mercado a comprar alimentos ni llevan a sus hijos a las escuelas, porque temen que al salir los detengan y comience su proceso de deportación. Es un ambiente de terror el que estamos viviendo en Chicago”, aseguró a La Razón Carlos Arango, vocero del Frente Nacional Migrante.
Señaló que, desde el domingo pasado, se fortalecieron las redadas contra connacionales y otros migrantes, debido a que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) han mantenido recorridos para “atrapar” a las personas indocumentadas en sus lugares de trabajo y en sus hogares.
Mencionó que las personas están “aterrorizadas” y tratan de tener la mayor precaución cuando se encuentran en la calle, e incluso, dijo, muchas personas decidieron dejar sus trabajos para resguardarse o irse a otros estados más alejados donde tienen conocidos, para evitar las detenciones.
“La gente está pensando incluso en regresar; otros están pensando en sumirse en el anonimato y otros tratan de irse del estado hacia otras partes donde no haya tanta vigilancia migratoria. Trump es muy mediático y va a estar moviendo todas sus piezas para que la gente siga teniendo temor, y que los ciudadanos vean que hay avances”, declaró.
Explicó que los agentes estadounidenses se meten a las casas de los migrantes bajo una orden de detención, y como daño colateral se llevan a todas las personas que se encuentren ahí; asimismo, dijo que las capturas se están realizando a personas que tienen hasta infracciones de tránsito, lo que considera “un pretexto para considerarte como criminal”.
De acuerdo con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), se tiene como meta en estados como Chicago, Nueva York o Baltimore el arresto de entre mil 200 a mil 500 migrantes diariamente; incluso, Matt Elliston, director de la oficina del ICE en Baltimore, aseguró que “los peores van primero”, haciendo referencia de los presuntos delincuentes que viven en EU de forma irregular.
En la era Trump, los agentes pueden detener a cualquier persona que no tenga permiso de residencia, en caso de que se encuentren con ellas si van por alguna persona con orden de expulsión. De esta manera, las autoridades han considerado dichas acciones como daños colaterales.
Mientras tanto, en Arizona, se vive “una tensa calma”, ya que hasta el momento hay pocas detenciones y recorridos, pues las redadas se están enfocando en estados que son demócratas, de acuerdo con Irineo Mujica, director de Pueblo sin Fronteras.
El activista, quien radica en el estado, expresó que de cualquier manera hay mucho resguardo de la gente porque, pese a que no hay tanto movimiento, las calles lucen desiertas por la falta de movimiento de los migrantes.
“Las calles lucen solas, no hay nadie porque toda la gente tiene miedo. Todo el mundo está asustado y por ello mejor ni salen; están siendo cautelosos y mejor evitan arriesgarse”, comentó a este diario.
Pese a ello, Mujica dijo que no descartan que en cualquier momento comiencen en mayor medida las redadas, ya que se van cancelando programas que protegían a decenas de migrantes, como el Estatus de Protección Temporal (TPS) que otorga protección a más de 600 mil venezolanos, en lugares como Nueva York.
“Es muy grave porque estas personas realmente deberían de estar protegidas, puesto que las cosas no están bien, y son perseguidas en sus países por un régimen que ellos consideran terrorista y criminal. No pueden regresarlos. La otra bomba es que van a abrir las cárceles de Guantánamo para los migrantes, eso ya es un exceso”, refirió.
Igualmente, mencionó que, otros de los estados donde se está agravando la situación es en el estado de Colorado, al oeste de Estados Unidos, donde comienzan a aumentar las detenciones contra los migrantes.
Presume apoyo a personas en movilidad
Rosario Piedra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señaló, en la Cámara de Diputados, que “en materia de movilidad humana, esta Comisión reconoce el incremento en el número de personas internadas en nuestro país que mantienen una situación migratoria irregular”.
Con motivo del informe anual de actividades 2024 ante el pleno de la Comisión Permanente en el Congreso, la ombudsperson subrayó que el organismo que preside ha puesto todos sus esfuerzos a ofrecer oportunidades de subsistencia para los migrantes “que van más allá de cubrir las necesidades básicas, como alimentación y alojamiento”.
Subrayó que durante el 2024 se realizaron 181 visitas a estaciones y estancias migratorias, en las que fueron atendidas dos mil 904 personas extranjeras y se efectuaron mil 449 gestiones en favor de las personas alojadas en las estaciones migratorias. En su mayoría, dichas diligencias tuvieron como finalidad proporcionar a las personas migrantes atención médica, psicológica e información sobre su situación jurídica migratoria.
“La protección y defensa de los derechos humanos en el país serían incompletas sin un sistema efectivo de promoción y educación que fomente la cultura de derechos humanos”, dijo, por lo que resaltó que el Portal EDUCA de la CNDH, dio servicio a 519 mil 846 personas.
Expresó que, el Centro Nacional de Derechos Humanos (CENADEH) Rosario Ibarra de Piedra, realizó 174 actividades académicas con la participación de 590 ponentes pertenecientes al ámbito académico y político de Latinoamérica que desarrollan el pensamiento crítico contemporáneo y que 37 mil 597 personas asistieron.