La saxofonista María Elena Ríos y su abogada Cynthia Almazán expresaron su temor de que Juan Antonio Vera Carrizal, autor intelectual del ataque con ácido en su contra, intente evadir su responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa, argumentando padecer enfermedades que, hasta hace dos meses, no tenía. Por ello, solicitaron apoyo federal.
“Convocamos a esta rueda de prensa para manifestarnos sobre el estado de salud de Juan Antonio Vera Carrizal. Desde luego, tememos que utilice nuevamente sus influencias económicas y políticas para evadir su responsabilidad penal”, declaró la activista en conferencia de prensa, en el Zócalo de la Ciudad de México.
En el evento, la música también presentó a su abogada, quien expuso las irregularidades en el caso de María Elena Ríos, incluyendo la reciente difusión de una supuesta muerte del agresor.
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“El día de ayer, supuestamente, le realizaron un cateterismo. Sin embargo, en los informes médicos de diciembre emitidos por el sistema penitenciario, nunca se mencionó que tuviera una enfermedad cardíaca”, mencionó.
“Esta situación, sumada a las notas publicadas en diversos medios sobre su posible fallecimiento, nos genera temor de que se esté fraguando un procedimiento para declararlo muerto y, con ello, sustraerlo de su responsabilidad penal por tentativa de feminicidio”, explicó la defensora Cynthia Almazán.
Señalaron que Vera Carrizal salió de prisión el 2 de diciembre de 2024 con base en un informe médico que indicaba la necesidad de tratamiento en una clínica privada. No obstante, el perito encargado de verificar su estado de salud no encontró razones para que recibiera atención fuera del centro penitenciario.
Ante esta situación, solicitaron su traslado a un hospital público, pues consideran que la clínica en la que actualmente se encuentra no cuenta con los recursos suficientes para su atención.
Esto ha derivado en constantes traslados a otros centros médicos y en la necesidad de vigilancia por parte de policías federales para asegurar su presencia en la clínica, ya que en varias ocasiones no se ha constatado la presencia de policías estatales resguardándolo.
Asimismo, pidieron que la Secretaría de las Mujeres brinde apoyo y orientación en el caso, pues consideran que el acusado busca evadir la justicia. También solicitaron una evaluación médica por parte de una institución federal, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para verificar su estado de salud y contrastarlo con los diagnósticos proporcionados por médicos privados.
Por su parte, la activista expresó su cansancio ante la situación, pues han sido más de cinco años de lucha. Aunque en algún momento pensó en renunciar, afirmó que sus compañeras en distintas partes del país le hicieron ver que no puede rendirse, no solo por ella, sino porque los mensajes de impunidad que emite el poder judicial, incluso a nivel federal con un amparo irregular, representan un peligroso precedente para todas.