El presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, Alberto Woolrich, señaló que el proceso de extradición que realizó México el pasado jueves de 29 líderes criminales cumplió con el tratado con Estados Unidos, pero enfatizó la obligación del Gobierno mexicano de evitar la ejecución de la pena de muerte.
“Sí se cumplieron con los requisitos que exige el tratado de extradición celebrado entre México y Estados Unidos de Norteamérica. Eso que quede perfectamente claro. Aquí, donde tiene que tener la obligación la Presidenta, es para que no sea ejecutada esa pena de muerte”, explicó en entrevista con Javier Solórzano, en Al mediodía con Solórzano.
Destacó la necesidad de que se investiguen la narcopolítica y la corrupción dentro del sistema de justicia mexicano, citando el fracaso de las administraciones anteriores para abordar estas cuestiones.
“Creo que es indispensable que se ponga atención exactamente en este rubro y se investigue no sólo en las cuestiones de narcopolítica, sino que se sancione y se meta a la cárcel al verdadero responsable de esta situación, que fue aquel político que creó alianzas con la delincuencia, dijo.
Asimismo, señaló la importancia de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas dentro del Poder Judicial.
“La primera magistrada de la nación y muchos de los que estamos interesados en que se mejore esta situación de un saneamiento en los recintos de justicia, pues deberemos seguir insistiendo en ello, porque verdaderamente es indignante que en México existan jueces que prostituyan a la justicia con tal de obtener beneficios económicos”, apuntó.
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Mencionó que, si la Fiscalía General de la República o las fiscalías encargadas de procurar justicia integraran adecuadamente sus carpetas de investigación, no se daría pie a que los jueces emitan resoluciones favorables para los delincuentes.
“Las dos dependencias, tanto las dependencias de impartición como las de procuración de justicia, deben de ser investigadas totalmente porque hay funcionarios, servidores públicos, agentes del Ministerio Público, fiscales, jueces, magistrados e inclusive algún ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han utilizado esa impartición o esa procuración de justicia para obtener esos beneficios económicos a los que hago referencia”, indicó.