La muerte de la buscadora de Jalisco Teresa González Murillo, ocurrida ayer, cinco días después de haber sido baleada, provocó la condena de colectivos mexicanos y de la organización Amnistía Internacional. El crimen se cometió en un contexto en el que el tema de los desaparecidos y la vulnerabilidad de las buscadoras se puso en el centro del debate a partir de los hallazgos en el rancho de Teuchitlán. Por eso no se entiende la actitud de la Fiscalía de Jalisco de referirse a la víctima como “una comerciante de Guadalajara”, sin reconocerle su calidad de activista, y al anticiparse a perfilar como móvil el robo, cuando la misma institución señaló que el día de los hechos tres hombres ingresaron a su casa, amenazaron a los presentes, le dispararon a ella y huyeron en motocicletas. Ojalá que la Fiscalía de Jalisco no incurra en omisiones al investigar el caso como ocurrió con el rancho Izaguirre, donde las faltas se las marcó la FGR. Pendientes.
