El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, expresó que se mantiene a la espera de la iniciativa del Ejecutivo Federal, que encabeza Claudia Sheinbaum, en materia de competencia económica, al considerar que representará un paso decisivo hacia la construcción de mercados más justos, equitativos y eficientes, con el bienestar de la población como eje central de las decisiones públicas.
Aseguró que es alentador ver cómo desde distintas instancias del Estado se construye una agenda común que reconoce que una economía verdaderamente competitiva debe ser también una economía incluyente, guiada por el interés público y orientada a la protección del consumidor. Subrayó que la propuesta del Ejecutivo coincide en varios puntos con la iniciativa que él presentó en febrero pasado, lo que refuerza la posibilidad de un marco legal moderno, robusto y alineado con las mejores prácticas internacionales.
El legislador destacó que la falta de competencia en diversos sectores representa un sobrecosto equivalente al 15.7% del gasto total de los hogares, afectando con mayor fuerza a las familias de menores ingresos. Precisó que el decil más pobre sufre una pérdida relativa de ingresos cuatro veces mayor que el decil más rico, y que en estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca la pérdida de bienestar es 47% superior a la del noroeste del país. Esta situación, dijo, también limita el crecimiento de las MIPyMES, al enfrentar condiciones injustas frente a actores dominantes.
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Ramírez Cuéllar señaló que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) exige que cada país cuente con una autoridad encargada de la regulación asimétrica, con plena independencia en sus decisiones y funcionamiento. Explicó que esta disposición responde al artículo 18.17 del tratado, que se refiere al control sobre los “proveedores importantes”, y al artículo 18.1, que exige evitar conflictos de interés entre la regulación y la operación de mercado.
Añadió que el artículo 28 de la Constitución mexicana también establece con claridad que la autoridad encargada de promover la competencia y vigilar la concurrencia debe tener facultades exclusivas para establecer y supervisar regulación asimétrica, lo que, insistió, requiere una operación técnica, autónoma y eficiente. Cumplir con estas condiciones no sólo responde a compromisos internacionales, sino que también permite dar certezas al mercado y proteger mejor a los consumidores.
En ese sentido, enfatizó que contar con un organismo verdaderamente independiente es esencial para detener prácticas como precios excesivos o limitaciones arbitrarias al acceso a servicios básicos. “Hablamos de competencia no como un tecnicismo, sino como una herramienta para lograr precios justos, más opciones y un mercado que sirva a las familias mexicanas, no a intereses particulares”, expresó.
El diputado enumeró una serie de propuestas clave para reforzar la legislación en materia de competencia económica: sancionar prácticas como precios injustificados, reducir los plazos en investigaciones por prácticas monopólicas, vigilar desde etapas tempranas las concentraciones económicas y aumentar de manera significativa las multas por conductas anticompetitivas. Estas medidas, dijo, buscan cerrar vacíos legales que hoy permiten abusos sin consecuencias.
Ramírez Cuéllar también remarcó la necesidad de reducir los umbrales de notificación para concentraciones, con el fin de que las autoridades puedan revisar y frenar oportunamente fusiones o adquisiciones que pudieran limitar la competencia. Este enfoque, explicó, se alinea con modelos como el europeo, donde se da seguimiento puntual a operaciones con potencial de dañar el equilibrio del mercado.
“México no puede seguir permitiendo que unos cuantos dominen los mercados mientras millones enfrentan precios injustos y barreras de acceso. Fortalecer la competencia es proteger el bienestar de las familias, impulsar la equidad y consolidar un sistema económico donde nadie quede atrás”, concluyó el legislador morenista.
JVR
