Ante la filtración de 26 candidatos en el proceso de elección del Poder Judicial vinculados con el crimen organizado y cuentas pendientes con la justicia, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo se deslindó de dichos errores, y aseguró que hizo bien su trabajo de auscultación de miles de aspirantes.
Responsabilizó a los miembros del Comité del Poder Judicial de haber permitido esos casos, ya que decidieron “tirar el arpa” y no concluir con su encomienda de selección de perfiles, algunos de los cuales no alcanzaron el promedio mínimo para aspirar a una candidatura de jueces y magistrados, además de que se permitió el pase automático de los impartidores de justicia.
- El Dato: en total se elegirán 881 cargos judiciales el próximo domingo 1 de junio; para ello, el INE distribuyó más de 600 millones de boletas en 19 entidades del país.
Andrés García Repper, exintegrante del Comité de Evaluación del Legislativo, dijo a La Razón, que este grupo solicitó información de los diversos aspirantes al Poder Judicial a la Fiscalía General de la República (FGR), al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP), instancias que no reportaron alguna irregularidad.
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“Los comités teníamos ciertos elementos para juzgar, evaluar a los aspirantes, ¿no?, que era primero los elementos que preveía la Constitución; su currículum, su ensayo, su exposición de motivos y algo muy importante, una carta bajo protesta de decir verdad que eran elegibles, que no tenían antecedentes penales, etcétera.
“No conforme con eso, en el caso del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, nosotros solicitamos información a la Fiscalía General de la República, al INE, para aquellas personas que no pudieran participar en procesos electorales debido a sanciones o a pérdida de derechos político electorales, o que estuvieran en el padrón de haber cometido violencia política contra la mujer en razón de género”, dijo.
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García Repper opinó que, en caso de que alguno de los candidatos cuestionados llegue a ganar la elección en junio próximo y se compruebe que tienen algún conflicto con la ley, el INE no debe entregarles la constancia de mayoría y su cargo deberá ser nuevamente sometido a votación en el siguiente proceso electoral, de 2027, y mientras se deberá cubrir la plaza con una suplencia a través del Servicio Civil de Carrera del Poder Judicial de la Federación.
“Una vez que se cuente con elementos reales, con elementos jurídicos para determinar que no tiene buena fama pública, entonces se podrá determinar que no cuenta con elegibilidad y no entregarle la constancia de mayoría (...) Yo creo que sí se repetiría (la elección), pero para el 2027”, sostuvo.
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Calificó como “lamentable” el caso del Comité de Evaluación del PJ, “que no revisó ni siquiera las calificaciones de sus aspirantes, o sea, simplemente tenía la lista de los que llegaron a su concurso, que no los dictaminó, nada más los tenía ahí. ¿Se acuerdan ustedes cuando dijeron: ‘Pues suspendan la aplicación de la reforma’, y los primeros en suspenderla fueron ellos?, y decir: ‘Pues ya no hacemos nada’, y luego renunciaron”, puntualizó.
Maribel Méndez de Lara, otra exintegrante del Comité de Evaluación del Legislativo, aseguró, por su parte, que el caso de las 26 candidaturas vinculadas con actos ilícitos, “no tienen por qué manchar el proceso histórico” que representa la elección de los miembros del Poder Judicial por la vía del voto universal, secreto y directo.
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Subrayó que ella y sus compañeros del comité actuaron de “buena fe” en la selección de los aspirantes, y rechazó que haya habido omisión de su parte, pues sólo uno de los elegidos resultó con problemas legales.
“Si bien se han dado estos casos excepcionales que pudieran estar en entredicho su idoneidad, por otro lado tenemos miles de personas que sí pasaron a la boleta con un perfil muy valioso, completo, en lo académico. Tenemos muchas personas con maestría y doctorado”, finalizó Méndez de Lara.
Aspirante a juez admite que estuvo preso
| Por Tania Gómez
Leopoldo Javier Chávez Vargas, candidato a juez federal de distrito en Materia Mixta en Durango, reconoció haber estado preso en Estados Unidos durante casi seis años por tráfico de metanfetamina.
“Hace años enfrenté un proceso judicial en Estados Unidos, que no negaré, que transformó mi vida. Un proceso injusto e inhumano”, afirmó.
A través de un video en sus redes sociales, el candidato a juez abundó brevemente que se debió a un tema de drogas.
“Asumí la responsabilidad de una sustancia ilícita que venía en un autobús del cual yo era el responsable. Viví ciertos atropellos e injusticias, no sólo por lo que yo estaba pasando, sino por el simple hecho de no haber nacido en ese país”, señaló sin dar mayores detalles.
Chávez Vargas aseguró que nunca se ha vendido como “el candidato perfecto”.
“Yo nunca me he vendido ante ustedes como el candidato perfecto. Al contrario, soy el más imperfecto, pero el que más ganas tiene de sacar adelante esto y ayudar a mi comunidad”.
La organización Defensorxs A.C. había detectado que Leopoldo Javier Chávez Vargas estuvo preso en Estados Unidos, tras ser detenido por autoridades de ese país el 13 de noviembre del 2015, cuando viajaba a bordo de un autobús de pasajeros.
A través de rayos X se detectó un bulto al interior de un extinguidor debajo de un asiento de pasajero en el que él viajaba.
Ante ello, fue procesado por cargos de conspiración e importación para traficar metanfetamina y posesión de sustancias prohibidas con la intención de distribución.
El candidato fue propuesto por el Comité del Poder Legislativo, y ha sido considerado por la organización Defensores A.C. como un candidato altamente riesgoso para el Poder Judicial, por lo que es parte de los perfiles impugnados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En su currículum, Leopoldo Javier Chávez Vargas sólo reporta experiencia laboral después del año 2020. Entre otras cosas, trabajó como asesor en el municipio de Nuevo Ideal, Durango.
Entre sus propuestas está “contribuir a un sistema judicial que inspire confianza y combata la impunidad”.