Pese a que los arrestos diarios de migrantes que cruzaron la frontera sur de Estados Unidos registraron una caída del 93 por ciento desde la llegada al poder, en enero pasado, del presidente Donald Trump, diariamente entre 200 y 300 personas siguen ingresando a territorio mexicano a través de la frontera con Guatemala..
Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, aseguró que el flujo migratorio ha disminuido considerablemente aunque continúa.
- El Dato: El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas arrestó a 422 presuntos migrantes indocumentados durante una operación que duró una semana en Houston.
“Pasan entre 200 y 300 personas migrantes a diario, a comparación de diciembre o enero, que llegaban a pasar entre 800 y mil personas. Hay un sellamiento de la frontera sur, sobre todo en los 80… 100 kilómetros que tiene el río Suchiate”, aseguró el activista en entrevista en Al Mediodía con Solórzano que se transmite por el canal de YouTube de La Razón.
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Explicó que ciudades como Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se han convertido en “una gran cárcel migratoria”, donde están atrapados entre 60 y 65 mil migrantes, sin mencionar ciudades como Villahermosa, Tabasco; Mérida, Yucatán; Campeche y Quintana Roo.
“Los migrantes están detenidos, atrapados en pequeñas cárceles, en guetos, porque la autoridad migratoria, el Estado mexicano, aún no toma cartas en el asunto para solventar este problema, que nosotros consideramos, es sustancial para México”, destacó.
En ese contexto, García Villagrán lamentó que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) haya dejado de hacer su labor y que los migrantes se hayan vuelto “botín de abogados y juzgados de Distrito”. Acusó que, quienes no tienen recursos económicos, quedan “en un limbo jurídico administrativo migratorio”.
“Hay unos 45 mil migrantes varados en Tapachula, van en busca solamente de los juicios de garantía de los llamados amparos para poder tener la residencia permanente, que es lo único que se permite en este momento en la ciudad”.
Asimismo, detalló que hay entre 15 y 18 mil migrantes tratando de obtener una residencia permanente a través de la Comar, que actualmente sólo trabaja a través de ordenamientos federales.
“Solamente resuelven los Juzgados Tercero y Cuarto de Distrito, y esto hace que muchos migrantes que no tienen acceso a un abogado, que son la mayoría de migrantes pobres, queden en un limbo jurídico administrativo migratorio, y no pueden tener acceso, aunque sean potencialmente candidatos a obtener una residencia permanente, lo cual simplifica las cosas”, denunció.
Agregó que los migrantes que cuentan con recursos económicos son los que pueden acceder a una residencia permanente, “aunque no sea una persona que tenga asilo, a través de una migración forzada. Y un migrante pobre que no tiene para pagar un abogado, va a quedar fuera de este recurso que la ley permite”.
El activista hizo un llamado a Sergio Salomón Céspedes, nuevo titular del Instituto Nacional de Migración (INM) a atender la frontera sur y que se aplique el artículo 52 de la Ley de Migración, que autoriza a extranjeros de los países vecinos para ingresar a las regiones fronterizas con derecho a entrar y salir de las mismas cuantas veces lo deseen, sin que su permanencia exceda de siete a veintiún días.
Recordó que hace dos años dijo que Tapachula se convertiría en una gran cárcel migratoria, lo que, advirtió, está ocurriendo ahora. “Hay al menos unos tres mil venezolanos que quieren regresar a su país y no pueden, porque México se acabó el recurso que les dieron para regresarlos en esos llamados vuelos humanitarios. Mucha gente no puede avanzar, porque los retenes ahora no son seis, ahora son 12 a lo largo de Chiapas para poder salir”, señaló.
