Tras la liberación de Juana Hilda González Lomelí, ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los otros cinco coprocesados por el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace deberán también ser puestos en libertad, al no haber pruebas que sustenten su responsabilidad en este caso.
Así lo afirmó Sofía de Robina Castro, titular de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura en el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), luego de subrayar que los amparos promovidos por los coacusados, aún pendientes de resolución, deben atender los criterios esgrimidos el miércoles por la Corte para liberar a Juana Hilda.
“En estos tres casos, que son los de Albert y Tony Castillo Cruz, y de César Freyre, digamos que ya se podrán resolver sus amparos directos y tendrán que resolverse, como estableció la Corte, sobre todo considerando las pruebas que ya fueron excluidas y señaladas como nulas. Siendo principalmente la declaración de Juana Hilda y de las que derivaron de ellas”, dijo.

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- El Dato: La Primera Sala de la Suprema Corte concedió la liberación a Hilda González tras considerar que las pruebas en su contra fueron obtenidas bajo tortura e intimidación.
“En el caso de Brenda Quevedo y Jacobo Tagle, ellos se encuentran sujetos a proceso; es decir, todo este tiempo ellos han estado privados de libertad sin obtener sentencia y lo que tendrá que ocurrir es que finalmente se cierre el proceso en su contra, ya no hay pruebas pendientes. Y se haga esta valoración atendiendo a la exclusión de pruebas y, a partir de ello, verificar si existen pruebas para mantener su responsabilidad”, expuso De Robina Castro.
Entrevistada en Al Mediodía con Solórzano, calificó como valiente la decisión de la SCJN al resolver el amparo promovido por Hilda González, ya que, dijo, fue enfática en señalar que la declaración de la acusada no ocurrió en forma libre, autónoma y voluntaria, sino mediante la tortura, sin una defensa adecuada y en contexto de arraigo; por lo tanto, no había posibilidad de considerarla.
“Reitero, lo importante en lo que resolvió valientemente la Corte es que, si no hay un juicio justo, no puede existir una sanción justa, y eso es sobre todo la apuesta en un cambio democrático de derecho, que esperemos que con los cambios judiciales que vienen sigan manteniendo como valor principal la presunción de inocencia y la prohibición de la tortura en las resoluciones judiciales”, aseguró.
De Robina Castro reconoció que Isabel Miranda, madre de Hugo Alberto Wallace, ejerció presión desde su posición para incurrir en posibles irregularidades en el proceso, así como violaciones a los derechos humanos, y que saliera ella favorecida.
“No lo pudo haber hecho si no hubiera contado con la aquiescencia y la autorización de las autoridades, que eso es fundamental. Sabemos que fue reconocida incluso por el (ex)presidente (Felipe) Calderón en esos momentos y eso permitió que tuviera un poder que pocas personas tienen, y que la búsqueda de justicia se transformara en un ánimo de venganza, que es completamente ajeno al interés que se busca en un Estado democrático, de derecho, y de un procedimiento adecuado”, puntualizó.
El miércoles 11 de junio de 2025, Hilda González salió del Cetro de Reinserción Social de Morelos, tras 19 años.

