La Presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el fin de crear la figura de “jueces sin rostro”.
La propuesta busca resguardar la identidad de personas juzgadoras en casos vinculados con la delincuencia organizada, ante el aumento de amenazas y agresiones. Las medidas estarán sujetas a revisión periódica y serán determinadas por el Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación (PJF).
La propuesta garantiza que el ejercicio judicial se realice con independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y ética, mediante la implementación de medidas que preserven la seguridad e “identidad” de quienes imparten justicia, especialmente en casos relacionados con delincuencia organizada.
- El Dato: En México (2024), 22% de las personas juzgadoras recibieron amenazas de lesiones, 12% de homicidio y 11% ha sido víctima de extorsiones o amenazas contra familiares.
El resguardo de la identidad de los juzgadores debe estar sometido a revisión periódica y oficiosa por parte del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación, a través de la Unidad Especializada que establezca al efecto, de tal forma que no se prolongue la medida.
El plan contempla la adición del artículo 34 bis a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en del capítulo De la protección de las personas, y la inclusión de los artículos 22 bis y 22 ter en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Estos artículos definen los mecanismos y criterios objetivos para solicitar medidas de resguardo, las cuales podrán ser requeridas por el Órgano de Administración Judicial del PJF.
Entre los criterios establecidos se consideran indicios de participación de las personas procesadas, capacidad real del grupo delictivo para causar daño, gravedad del delito y pena asociada, existencia de amenazas o agresiones previas y otras circunstancias específicas del caso.
Tras la llegada de esta iniciativa al Congreso de la Unión, la figura de jueces sin rostro provocó posturas encontradas en la Comisión Permanente. Mientras el PRI pidió analizar con cautela la iniciativa, en Movimiento Ciudadano advirtieron que la medida representa una amenaza a los derechos humanos. En contraste, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, defendió la iniciativa.
El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara alta, Manuel Añorve, pidió tiempo para que la iniciativa sea analizada con cautela y, después, se pueda emitir una postura definitiva; sin embargo, subrayó la necesidad de proteger a los juzgadores, pero insistió en que el enfoque principal debe estar en reducir los niveles de inseguridad.
“Ya en muchas de las delegaciones los índices de inseguridad se han disparado. Hay que analizar esta propuesta de manera detenida y muy puntual”, dijo en entrevista con medios.
La diputada de Movimiento Ciudadano Laura Ballesteros e integrante de la comisión permanente advirtieron sobre los riesgos de violaciones a derechos humanos. La emecista acusó que “están documentados por la ONU. La figura de los jueces sin rostro es violatoria de los derechos humanos y no garantiza la impartición de justicia, no va a resolver el problema”.
También alertó que la medida podría ser parte de una “concentración del poder” por parte del oficialismo. Explicó que desde Movimiento Ciudadano “preocupa mucho que todo este cambio de régimen que Morena está intentando desde el Congreso busca proteger a los poderosos y darles más poder siempre”.
Cuestionó la efectividad de la medida que se busca, pues para resolver los problemas de injusticia, argumentó, debe ser discutido de manera amplia.
En contraparte, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, expresó su respaldo a la iniciativa enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum; sin embargo, reconoció que puede generar polémica.
El morenista señaló que la adopción de esta figura no afecta a los derechos humanos y responde a una necesidad real, ya que “cualquier persona juzgadora que tú la pongas al frente de un proceso de gran envergadura, pues su vida está... ¿En riesgo? No sólo en riesgo”.
El senador enfatizó que el crimen organizado en México actúa con impunidad y violencia, por lo que la protección de los jueces es prioritaria. Finalmente, indicó que la discusión de la iniciativa está prevista para el próximo periodo legislativo.