El titular de la Secretaría de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales, aseguró que no habrá tolerancia alguna en torno a las investigaciones sobre la red de contrabando de combustible recién dada a conocer y en la que elementos de esta institución fueron encontrados como responsables.
En conferencia de prensa, el almirante subrayó que dentro de la Marina se cuentan con diversos controles, cuyo fin, aseguró, es evitar que las prácticas corruptas se anclen.
“A nivel interno nosotros tenemos muchos controles, tenemos contrainteligencia, tenemos medidas de control y confianza, tenemos muchas formas de evitar que la corrupción se incruste en la institución. Por ello, el compromiso es cero tolerancia y vamos a continuar”, declaró.
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- El Dato: La presidenta explicó que a partir del buque asegurado con combustible en marzo, se detectó un aumento en la venta de diésel en estaciones de servicio del norte del país.
Además, afirmó que la indagatoria al respecto continuará con él a la cabeza de la Semar. Además, se negó a revelar más información respecto a si se ha identificado a más elementos de la Marina como involucrados en esta red de huachicol fiscal, pero recalcó que se mantendrá la colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR).
En este contexto, un juez federal vinculó a proceso al vicealmirante Manuel Roberto “F” y a nueve integrantes más de la Secretaría de Marina, por su presunta participación en una red de delincuencia organizada dedicada al contrabando de hidrocarburos.
Durante una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, que tuvo una duración de más de 17 horas, el juez federal Mario Martínez Elizondo consideró válidas las pruebas aportadas por la FGR y determinó la vinculación a proceso por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.
Asimismo, se señaló a las diez personas de presuntamente facilitar el acceso de millones de litros de hidrocarburos a territorio nacional, haciéndose pasar por aditivos cuando en realidad se trataba de diésel. El juzgador federal dictó prisión preventiva justificada en su contra y dio un plazo de investigación complementaria de seis meses.
También estableció que el vicealmirante Manuel Roberto “F” habría tenido funciones de dirección al interior de la red delictiva, autorizando perfiles de integrantes y coordinando acciones en distintas aduanas del país.
Mientras que Climaco “N” y Humberto “N” también habrían desempeñado tareas o funciones de mando y facilitación de operaciones mediante movimientos de personal en puntos estratégicos.
Los señalamientos por parte de la FGR incluyen declaraciones de un testigo protegido identificado como “Santo”, y de personas que son referidas con las siglas JH y HRV, quienes detallaron el funcionamiento de la red de contrabando.
Según estos testimonios, entre 2024 y 2025 ingresaron al país más de 32 barcos con diésel, que se hicieron pasar por aditivos, lo que habría evitado el pago de impuestos y ocasionado un daño económico significativo al país. Los envíos habrían impactado puertos y operaciones en Tamaulipas, Colima, Sinaloa y Ciudad de México.
La investigación alcanza incluso a empresarios y personas jurídicas, quienes presuntamente habrían encubierto movimientos financieros y transferencias de fondos producto de las operaciones de contrabando.
Presunta deshonestidad abre choque en el Senado
› Por Ulises Soriano
El “huachicol fiscal” que involucra presunta corrupción en la Secretaría de Marina desató un nuevo choque político en el Senado. La oposición exigió que el expresidente Andrés Manuel López Obrador sea investigado, mientras que desde Morena se pidió esperar el curso de las investigaciones.
El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, acusó directamente al exmandatario de haber mentido cuando aseguraba que la corrupción había terminado. “Nos engañó. No sólo no se había acabado la corrupción, sino que ésta llegó a los más altos niveles de su gobierno. Está documentado que hubo colusión de funcionarios de Morena con el crimen organizado, en este caso el huachicol fiscal”, afirmó.
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Desde el oficialismo, el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, llamó a la cautela y defendió la secrecía de las pesquisas. “Primero, el fiscal y el Ministerio Público están obligados a guardar la secrecía de las investigaciones; hay que esperar y seguramente se investigará, en todos los casos, hasta las últimas consecuencias”, dijo. Y sobre la insistencia de la oposición, ironizó: “Eso pueden irse de rodillas de aquí a la Basílica, a ver si se les hace el milagro”.
En la misma línea, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, subrayó que “se tiene que castigar y esa sería la diferencia”. Insistió que el combate a la corrupción no es sólo un lema, sino un principio de acción: “No mentir, no robar y no traicionar no es un simple lema, sino que se trata de castigar a quienes estén involucrados en algún delito”.
La senadora destacó que las indagatorias deben llegar hasta donde sea necesario, con el objetivo de esclarecer los casos y garantizar que quienes cometan delitos paguen las consecuencias, “tope donde tope”.
La priista Carolina Viggiano señaló que “con López Obrador surgió el huachicol fiscal y él lo sabía. Además, colocó a los militares en tareas altamente corrompibles, exponiendo a una de las instituciones más respetadas de México”. Aseguró incluso que los recursos pudieron haber financiado campañas electorales de Morena. “Tiene que ser investigado el expresidente López Obrador, sin duda”, remató.
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