Durante los últimos años de la pasada administración de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a cargo de Germán Martínez Santoyo —actual encargado del Programa Integral para el Oriente del Estado de México— se realizaron pagos excesivos por insumos e incluso, obras inconclusas que, junto a otros conceptos de irregularidades cometidas en contrataciones, representan una bolsa superior a los 665 millones de pesos perdidos.
Desde inicio de siglo y hasta 2024, este organismo llegó a acumular observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por ocho mil 173 millones de pesos; sin embargo, la aclaración de dichas anomalías y otros procesamientos de las mismas quedaron en ceros, al menos hasta 2022.
Sin embargo, en las cuentas de 2023 y 2024 de la ASF permanecen sin aclararse irregularidades por 665 millones 603 mil pesos, de los cuales 539.8 millones corresponden a hace dos años y 125.9 millones al pasado.
Senado aprueba la Ley General de Aguas, que modifica régimen de concesiones
- El Dato: la semana pasada, Conagua informó que, tras la revisión de 482 mil 014 concesiones de agua en el país, encontró 58 mil 938 inconsistencias de diversos tipos.
Uno de los montos más elevados que permanecen sin aclararse es por 59 millones 772 mil 157 pesos por los pagos realizados en exceso realizados entre el 2 de febrero y el 6 de septiembre de 2024 relativos a la construcción de una planta potabilizadora.
En ese caso no se acreditó adquisición, ni su suministro, con la documentación de soporte correspondiente, relativa a números generadores, facturas, fotografías, notas de bitácora, números de series, fichas técnicas ni registros de entrada al almacén.
“Cabe señalar que los precios unitarios pagados son distintos a los autorizados y que el contrato se formalizó por unidad de obra terminada y se encuentra en ejecución, por lo que dichos conceptos no debieron haber sido pagados sino hasta haber sido totalmente concluidos conforme a los alcances y especificaciones de cada uno de ellos, incluidos, en su caso, la instalación y puesta en marcha de algunos”, advirtió la ASF.
- 124 mdp por pagos en exceso en la construcción de una presa
Una de las auditorías con la observación más elevada, por 124 millones 139 mil 542 pesos, se atribuye también a pagos en exceso debido a que en los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado números CNA-CGPEAS-FED-OP-097/2014-LPN, 2023-B05-B28-CA-25-RF-LP-A-OR-0004 y 2023-B05-B28-RM-25-RF-LP-A-OR-0016, relativos a la construcción de la presa Santa María, así como otras contrataciones, en donde no se acreditaron los pagos de “Regalías por préstamo de banco grava-arena” y “Regalías por préstamo de banco de roca”.
Entre la lista de anomalías hay cuatro auditorías que apuntan posibles daños al erario cometidos en obras del acueducto El Cuchillo II y que suman irregularidades cometidas por dos millones 947 mil 234 pesos.
Esta obra fue producto de una colaboración entre el Gobierno federal y el estatal de Nuevo León, como una forma de hacer frente a la crisis hídrica que afectó la entidad en 2022 y así garantizar la disponibilidad de agua para la población.
Y es que durante la auditoría se encontró que, por ejemplo, para un servicio bajo el concepto de “acarreo un kilómetro”, cuyo valor unitario es de un millón 261 mil 694 pesos, en realidad se pagaron cinco millones 46 mil 779 pesos, que corresponden a otro concepto, por el cual se realizaron pagos correspondientes al primer término mencionado de la contratación.
Asimismo, se encontraron anomalías por 750 mil 218 pesos en los trabajos de iluminación, en donde se encontró que se pagó por 30 luminarias que no se ejecutaron entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2023, pero que fueron pagadas hasta el 23 de mayo del siguiente año.
Otra presa involucradas en las irregularidades fue la de “Zapotillo”, sobre el Río Verde, en los municipios de Cañadas de Obregón y Yahualica de González Gallo, Jalisco, para abastecimiento de agua potable a los Altos de Jalisco y a la ciudad de León, Guanajuato.
Allí se encontró un posible desfalco por 12 millones 823 mil 684 pesos, por pagar en exceso al contrato mixto de obra pública a precio alzado, precios unitarios y tiempo determinado números SGAPDS-OCLSP-JAL-09-127-RF LP.
Detalla que “durante la visita de verificación física realizada de manera conjunta entre personal de la Conagua y de la ASF, del 9 al 13 de septiembre de 2024, no se localizaron las válvulas de 180 y 210 centímetros de diámetro incluidas en las partidas números 1.2, “Válvulas de control y guarda (o emergencia) en la tubería de 180 cm de diámetro” y 1.5, “Válvulas de control y guarda (o emergencia) en la tubería de 210 cm de diámetro” por montos de ocho millones 554 mil 944 pesos, y 4 millones 268 mil 740 pesos, respectivamente.
“Dichos pagos en exceso se realizaron en la estimación número 212 PA, con un periodo de ejecución del 1 al 15 de diciembre de 2022, pagada el 22 de agosto de 2023, con recursos presupuestales de 2023, autorizada por la residencia de obra y avalada por la supervisión externa. Lo anterior, se realizó en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas”, advierte la Auditoría.
Hasta 10 años de cárcel para “delitos hídricos”
› Por Yulia Bonilla
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó una iniciativa para reformar el marco regulatorio del uso del agua, que entre sus puntos propone endurecer las sanciones contra los delitos hídricos, dentro de lo cual se contemplan penalidades de hasta diez años de prisión.
Se trata de un proyecto para expedir la Ley General de Aguas, reglamentaria del artículo 4 constitucional, y para reformar la Ley de Aguas Nacionales, reglamentaria del artículo 27 de la Carta Magna, el cual se envió ayer mismo a la Cámara de Diputados.
Será, en el caso de la segunda, en la que se implementen las acciones para combatir el uso indebido del recurso hídrico, como el robo o el mercado negro, por medio del fortalecimiento para la imposición de sanciones y multas, así como el incremento de las penalidades.
Para ello se creará un capítulo de delitos hídricos, dentro del cual se considerarán la explotación, extracción y traslado ilegal de aguas nacionales; actos de corrupción cometidos en el otorgamiento de títulos de concesión y en trámites; desvío ilegal del flujo o cauce natural. Las penas van de uno a 10 años de prisión y de 300 a cuatro mil días de multa.
- El Dato: EL cce y la Concamin reconocieron la iniciativa en materia hídrica y le dieron su respaldo por considerar que aporta certeza a todos los usuarios del país.
En su oportunidad, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, recalcó que se plantea aplicar la ley de extinción de dominio para los casos de robo del recurso.
Para esto, se creará el Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, en el cual todo el recurso que ingrese al mismo será reasignado mediante una planeación estratégica, y se privilegiará el derecho humano al líquido y la sustentabilidad.
En cuanto a la nueva Ley de Aguas Nacionales, ésta fijará las bases para garantizar dicho derecho; se definirán las competencias de los tres niveles de gobierno en la materia y se reconocerán los sistemas comunitarios del agua.
La consejera jurídica del Ejecutivo, Ernestina Godoy, dijo que esto forma parte del plan federal para revertir la privatización del recurso y establecer un marco normativo que garantice su uso sustentable y justo, “acompañado de políticas públicas incluyentes e integrales que eviten que se beneficie a unos pocos a costa de la mayoría”.
“Privatizar el agua es robarle a los pueblos su futuro; defender el derecho al agua en todas sus formas es defender la vida, la soberanía y la justicia social. De este derecho dependen otros derechos, como la vida, la salud y el medio ambiente, también el desarrollo comunitario y social.
“Además, es un recurso nacional estratégico, un bien social y cultural. El derecho al agua implica acceso equitativo, gestión comunitaria y protección de los ciclos naturales”, expresó la consejera.
La Presidenta Sheinbaum consideró que con este proyecto se devuelve el agua como recurso de la nación: “Este cambio a la Ley de Aguas Nacionales es una buena forma de celebrar el primer año de Gobierno. En el 92, en la época de (Carlos) Salinas, cambia la Ley de Aguas para convertir las concesiones de agua en una mercancía, que es transmisible y vendible, por privados, entre privados.
“Eso generó no solamente descontrol en las concesiones, porque muchas veces ni siquiera avisaban a la Conagua, sino que, además, un uso excesivo, porque ni siquiera había control de cuánta agua realmente estaba utilizando la concesión. Eso se acaba con la iniciativa que estamos enviando el día de hoy. Se ordena el uso de agua en el país”, criticó.
Añadió que el líquido es un recurso de la nación, y se puede concesionar, “lo que ya no se va a poder es vender los títulos de concesión; ni tampoco transmitir los títulos de concesión, si hay cambio de uso de suelo”.
Abundó que su recuperación es un instrumento indispensable para el desarrollo nacional y con esta iniciativa se implementan esquemas transparentes para que la Conagua sea la que realice su ordenamiento, evitando que las concesiones sean una mercancía entre privados.
Ponen orden
Algunos puntos destacados de la reforma incluyen:
- El Estado mexicano será el único responsable de regular y garantizar el uso del agua.
- No será posible transmitir títulos de concesión entre particulares.
- Elimina los cambios de uso y crea un nuevo Registro Nacional del Agua.
- Crea un capítulo de delitos hídricos, que se perseguirán de oficio.
- Sanciona los actos de corrupción cometidos en el otorgamiento de títulos de concesión y en trámites.
- Castiga el desvío ilegal del flujo o cauce natural de agua.
- Las penas van de 1 a 10 años de prisión y de 300 a 4 mil días multa.
Avalan acceso libre y gratuito a playas
Por Claudia Arellano
Por unanimidad, con 465 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó reformas a las leyes generales de Bienes Nacionales y del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, para garantizar el acceso libre, gratuito y permanente a las playas nacionales y a las áreas protegidas.
La enmienda, enviada al Senado para su aval, prohíbe la imposición de cobros, cuotas o condiciones restrictivas para el ingreso salvo por disposición para la prevención y protección ambiental, seguridad pública o interés nacional.
Además, la Semarnat deberá garantizar el acceso gratuito a áreas naturales protegidas al menos un día a la semana, y promover el respeto a la biodiversidad y los ecosistemas. Las disposiciones transitorias establecen que se realizarán adecuaciones normativas dentro de los siguientes 90 días, y las concesiones vigentes deberán ajustarse en un plazo de 180 días.
