Varias cejas se levantaron ayer, nos comentan, cuando se conoció que los consejeros electorales a los que les sacaron del baúl un asunto de 2021 —sobre el proceso de revocación de mandato del entonces presidente López Obrador— para someterlos a una investigación administrativa, no contarían con el respaldo necesario de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para frenar esa acción. Por lo pronto, de última hora la magistrada Mónica Soto, solicitó que el tema no fuera discutido. Sin embargo, la propuesta de resolución de Felipe Fuentes, plantea desechar la queja de Claudia Zavala, una de las consejeras investigadas. En caso de aprobarse así se daría luz verde para continuar lo que es visto como una persecución del Órgano Interno de Control del INE. Muchas alertas están encendidas, nos dicen, porque, de continuar la indagatoria, a juicio de expertos electorales se sentaría un precedente negativo y los consejeros podrían ser objeto de presiones cuando tomen decisiones incómodas para quienes tienen poder. Pendientes.