Entre 2018 y 2024, los homicidios por razones políticas se dirigieron principalmente contra figuras o personal gubernamental que operaban en el ámbito municipal.
De acuerdo con datos del Índice de Paz 2025 elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), de los 785 asesinatos registrados entre 2018 y 2024 por motivos políticos, 628 corresponden a figuras de nivel municipal, es decir, el 80 por ciento de los casos. En segundo lugar, los ataques contra figuras del ámbito estatal fueron 121 casos, que corresponden a 15 por ciento de los eventos, y en tercer lugar, 36 homicidios políticos se registraron en el ámbito federal, con 4.5 por ciento de los crímenes.
- El Dato: El sexenio más mortífero para los ediles fue el de Enrique Peña, con 42 casos; Felipe Calderón, con 37; López Obrador, con 26, y Sheinbaum, con 10 hasta la fecha.
El informe advierte que una de las principales raíces de estos asesinatos está en la disputa que mantienen los cárteles para mantener el control sobre los territorios.
“En 2024, los funcionarios en activo y exfuncionarios del poder ejecutivo —como presidentes municipales, gobernadores y miembros de gabinete—, así como sus familiares, fueron el grupo más comúnmente registrado como víctimas, representando el 46 por ciento del total”, advierte el informe.
En conferencia, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dijo que no se descarta que el reciente asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán, haya tenido motivaciones políticas, aunque la principal línea de investigación apunta a la delincuencia organizada.
- El Tip: Michoacán es uno de los estados más letales para los alcaldes; en 20 años, 18 ediles en funciones han sido asesinados.
También precisó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la que determine si atraerá el caso o no, lo cual se dará a conocer después de una valoración, que se llevará a cabo esta semana.
En conferencia, el secretario de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, negó que el protocolo de seguridad que se brindó a Carlos Manzo fallara.
El general apuntó que si el edil hubiera aceptado que fueran los elementos de la Guardia Nacional (GN) quienes se encargaran de su seguridad inmediata —que al momento del crimen estaba en manos de policías municipales— entonces habría estado reforzado, debido a que los agentes cuentan con capacitación específica para el resguardo de los funcionarios.
También detalló que en el blindaje de funcionarios con protección federal hay 450 elementos de la GN asignados a 70 equipos de escoltas.
Precisó que en días recientes no se han presentado más solicitudes de protección personal, sin embargo, aseguró que las peticiones que lleguen serán atendidas.
Recordó que los casos que escalan al ámbito federal son sometidos a un análisis para valorar el nivel de riesgo que existe para el solicitante y, con base en eso, se decide qué protección otorgar.
“No se han recibido en los últimos días una gran cantidad de solicitudes y demás, pero estamos atentos. Ya se mencionó cuál es el procedimiento: existe una solicitud, se lleva a cabo un análisis de riesgos, la SSPC da su opinión, se establece el nivel de riesgo y se proporciona el servicio. Pero hasta el momento son 70 escoltas asignadas, estamos hablando de más de 450 elementos destinados a realizar este servicio”, detalló.
A partir de lo ocurrido, mencionó que buscarán que los servidores a los que se les asigna la protección federal se apeguen a los protocolos establecidos.
“¿Qué es lo que vamos a hacer? Tratar de concientizar más a la persona que se les va a resguardar para que se apegue o coopere para la implementación de este tipo de problemas”, dijo.
Al abordar la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, implementado a raíz del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo, el general hizo hincapié en que habrá una coordinación permanente con los mandos territoriales de los estados con los que colinda esta entidad.
Explicó que, debido a que el plan implica trasladarse de un marco territorial a otro, se establecerán mandos específicos que puedan instruir que los elementos se trasladen de un punto a otro, sin importar que se trate de un estado a otro.
Esto implicará también la instalación de filtros carreteros militares con puestos de control, insumos tecnológicos y el apoyo de binomios caninos.
Trevilla señaló que, como parte de la estrategia para evitar el desplazamiento delincuencial, se coordinan con las autoridades de las entidades colindantes.
“Van a buscar todos inteligencia, va a haber una coordinación muy importante para implementar operaciones coincidentes. Si bien, ese es un problema al que siempre nos hemos enfrentado por las jurisdicciones; los delincuentes no tienen jurisdicción, ellos se pasan libremente de un estado a otro. Hemos establecido un procedimiento, se llama ‘mandos especiales’. Es decir, en esa área se le da el mando a un Comandante y él puede emplear las tropas de un mando territorial y de otro”, dijo.