El Senado aprobó por unanimidad modificaciones a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, la cual propone penas de hasta 41.2 años de prisión para quienes cometan este delito, homologa criterios en todo el país y fortalece la protección de víctimas con un objetivo central: “cerrarles todas las rendijas a los extorsionadores”, con 109 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
- El Dato: Con la Ley antiextorsión se aprobó la modificación al Código Penal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Durante la sesión, legisladoras y legisladores de todas las bancadas respaldaron por unanimidad, en lo general, los cambios trabajados en comisiones, al recalcar que la extorsión, el segundo delito más cometido en México según el INEGI, se ha convertido en un fenómeno que opera bajo silencio, miedo e impunidad.
Tras la dispensa de trámites y en sesión vespertina, también se avalaron en lo particular, con 95 votos a favor y 12 en contra, de la bancada del PRI, los artículos reservados de la Ley General contra la Extorsión, que el Senado devolvió a la Cámara de Diputados para la discusión de las modificaciones realizadas.
Modificaciones a ley contra extorsión incluyen aumento de penas
Durante la presentación del dictamen, Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, recordó que se realizaron más de 20 cambios a 15 artículos, además de un artículo transitorio, con el fin de corregir redacciones, aclarar alcances e incorporar observaciones operativas.
Subrayó que el aumento de penas de 15 a 25 años busca evitar que personas sentenciadas en entidades donde las penas son más altas accedan a beneficios por retroactividad.
También destacó la ampliación de agravantes, entre ellas el cobro de piso, uso de menores y la comisión del delito desde penales.
Enrique Insunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, remarcó que la ley crea un tipo penal único, endurece las reglas para impedir extorsiones desde cárceles y establece sanciones para redes de apoyo que facilitan el delito, incluidos servidores públicos.
“Las cárceles deben ser espacios de readaptación social, no de operación criminal”, sostuvo.
La senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez, del PAN, destacó la gravedad del delito y su impacto cotidiano. Su bancada respaldó plenamente el aumento de penas, recordando que la minuta original habría permitido que personas sentenciadas en estados con castigos más altos pudieran quedar en libertad.
“Celebramos que las comisiones dictaminadoras tuvieran la sensibilidad de escuchar estas demandas e incrementar las penas tal como se está proponiendo”, expresaron. También insistieron en la necesidad de contar con una unidad especializada en extorsión, no solo en áreas antisecuestro.
Carolina Viggiano Austria, en nombre del Grupo Parlamentario del PRI, manifestó su voto a favor al considerar que la ley corrige años de dispersión normativa que permitieron que el delito creciera sin control.
Resaltó la importancia de establecer un tipo penal único y sanciones uniformes para evitar que la persecución del delito dependa del estado en el que se cometa.
La bancada priista pidió que la implementación incluya profesionalización y supervisión estricta en cuerpos policiales y ministeriales, tanto federales como estatales, para que los cambios no queden en “letra muerta”.
Mientras que Movimiento Ciudadano también se pronunció a favor e hizo énfasis en la enorme cifra negra del delito.
“Es un delito que no se denuncia por temor a las represalias, porque no se tiene confianza en las autoridades o porque las personas simplemente creen que no ganan nada con presentar la denuncia”, señaló Alejandra Barrales Magdaleno, citando la cifra negra de 97 por ciento.
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cehr