A partir de ahora, el delito de extorsión se perseguirá de oficio, con penas base de 15 a 25 años y multas de entre 300 y 500 unidades de medida de actualización y hasta 42 años de cárcel cuando se incurra en alguno de los 34 agravantes considerados en la ley, que incluyen cobro de piso, extorsión a migrantes o menores de edad y también los llamados “montachoques” o “montadeudas”.
Así lo establece la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, aprobada ayer por la Cámara de Diputados, después de que el Senado le devolviera la minuta con cambios a la redacción que ya se había avalado previamente en San Lázaro.
La reforma fue avalada por 450 votos en lo general y en lo particular por 409 votos a favor, 33 en contra y 1 abstención.
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- EL DATO: INCIDENTES con “montachoques” aumentaron en la Ciudad de México en el último año, alertó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
La nueva ley también fija que servidores públicos que no denuncien el delito ante el Ministerio Público o, en caso de urgencia, ante la policía, les sean impuestas penas de entre 10 y 20 años.
También se prevén castigos de seis a 12 años de cárcel a quien, sin autorización, introduzca a un centro de readaptación social o centro penitenciario algún dispositivo electrónico o telefonía fija o móvil, instrumentos empleados generalmente para extorsionar desde estos lugares.
La reforma fue regresada por los senadores a los diputados, debido a que hicieron 20 cambios a 15 artículos. Ahora, la reforma fue enviada a la Presidenta Claudia Sheinbaum para su promulgación.
Aunque el debate fluía, ya que todas las fuerzas políticas estaban a favor de la iniciativa, el diputado del PAN, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, reprochó a Morena y aliados que la oposición en San Lázaro ya había explicado con calma los cambios que necesitaba la reforma, pero que fueron desdeñados por el oficialismo y, ahora, fueron finalmente hechos por el Senado.
“Las modificaciones del Senado se parecen sospechosamente a lo que les explicó nuestro coordinador, Elías Lixa, con altura y con paciencia de maestro de primaria: aumentar penas, crear unidades especializadas, pulir errores básicos de redacción, eliminar barbaridades jurídicas como las que ustedes defendieron casi con orgullo”, aseguró Torres Cofiño.
“Todo lo que negaron aquí el Senado lo corrigió allá”, dijo el panista, quien fue llamado por Ricardo Monreal, líder de Morena y de la Junta de Coordinación Política, a “abandonar esta actitud facciosa, de soberbia, de altanería, de ‘se los dije’”, ya que, defendió, esto es normal en un sistema en el que las dos Cámaras se revisan.
“En un sistema como el nuestro, revisar los actos de la Cámara colegisladora debería ser algo normal y no tendría ni por qué ofender ni por qué incomodar a ningún legislador porque esto es el sistema bicameral, las cámaras actúan como auténticas revisoras de los actos de la otra”, dijo.
“En este acto procesal legislativo que se revisó y que estamos asistiendo a que la Cámara de Diputados confirme su decisión, se allane a la decisión de la colegisladora o no acepte lo que la colegisladora hizo. Y si no lo aceptáramos, también no tendrían por qué ofender, lastimar o descalificar los actos que se ejercen con motivo de nuestras tareas”, agregó Monreal.
