El ataque con coche-bomba frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de la cabecera municipal de Coahuayana, Michoacán, el pasado sábado, dejó un saldo de cinco muertos y 12 heridos; de acuerdo con un mapeo elaborado por la Universidad de Coahuila, se trata de la ofensiva más mortífera en este tipo de acciones del crimen organizado desde 1994, cuando los Arellano Félix asesinaron a cinco personas tras hacer explotar un vehículo en la ciudad de Guadalajara.
Desde ese año, según el mapa elaborado por el investigador Víctor Sánchez, especialista en seguridad pública, ha habido 20 ataques con coche-bomba en el país, todos atribuidos al crimen organizado.
- El Dato: el vehículo que explotó en Coahuayana, de acuerdo con los reportes, provenía del estado de Colima y, aparentemente, llevaba un cargamento de varios kilos de plátano.
Antes del caso Coahuayana, los eventos más recientes ocurrieron el año pasado en Guanajuato, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) hizo estallar tres unidades en los municipios de Celaya, Acámbaro y Jerécuaro. Ninguno de los eventos dejó muertos.
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El CJNG es una de las organizaciones criminales que más ha incurrido en este tipo de ataques y a la que se le acreditan los más recientes, según el mapeo. De los 20 que se tienen registrados, cinco fueron perpetrados por este grupo. Los Zetas participaron en 11, durante los años más álgidos de la llamada guerra contra el narcotráfico, durante la administración de Felipe Calderón (2006–2012).
- 12 heridos se registraron tras la explosión del auto
En entrevista con La Razón, el académico Víctor Manuel Sánchez explicó que el uso de coches-bomba en México se remonta a la década de los 90 y que, en años recientes, grupos como el CJNG han incorporado este método como herramienta de intimidación y propaganda.
El experto señaló que, más allá del daño físico o material que estas agresiones pudieran generar, la detonación de estos dispositivos busca enviar un mensaje tanto a las autoridades como a la comunidad o población donde se ejecutan.
- 1 ataque realizó el cártel de Los Arrellano Félix
“Lo que vemos es cómo las organizaciones criminales recurren una vez más a medios, digamos, poco convencionales… que propician un estado como de terror”, declaró Víctor Manuel.
Para el investigador, el hecho de que la Fiscalía General de la República (FGR) clasificara inicialmente el delito como terrorismo, para después modificar la línea de investigación a crimen organizado, responde a una estrategia para evitar reconocer estos actos bajo la primera categoría, la cual implica dimensiones políticas.
“La naturaleza del acto en cuestión es un acto de terrorismo, porque su objetivo va más allá de sólo activar un explosivo, sino con el objetivo de mandar un mensaje y de generar un miedo colectivo”, dijo.
En este sentido, Manuel Sánchez explicó que reconocer que se trata de un acto terrorista daría argumentos a actores como el gobierno de Estados Unidos para intervenir en los asuntos internos de seguridad, ya que Washington, bajo la administración de Donald Trump, ya ha catalogado a algunos cárteles como organizaciones terroristas, con el fin de justificar que la Armada de ese país asuma facultades para atacar.
Según su registro, los coches-bomba en México han sido utilizados principalmente con fines mediáticos: atacar sedes de medios de comunicación, instalaciones policiales o espacios simbólicos. En la mayoría de los casos, las bajas han sido pocas o nulas, lo que refuerza la tesis de que buscan impacto psicológico más que letalidad inmediata.
Por otro lado, acotó el especialista, no hay que perder de vista que el reciente ataque en Coahuayana se dirigió contra una policía comunitaria, figura legal reconocida en el municipio, pero que opera bajo el esquema de usos y costumbres, en manos de la sociedad civil que se organiza contra el crimen organizado.
“Ha habido cinco eventos entre el año pasado y el presente, todos en la región de Guanajuato y Michoacán, y esto debe preocuparnos porque no sólo es el uso de este tipo de mecanismos, sino el efecto mediático, el efecto de miedo que puede generar”, señaló.
En este sentido, explicó que la zona del Bajío mexicano ha sido escenario de conflictos entre el CJNG y grupos de autodefensa, lo que podría explicar la elección del blanco, aunque subrayó que corresponde a las autoridades investigar los vínculos concretos.
Finalmente, advirtió que negar la naturaleza terrorista de los hechos significa minimizar su gravedad y puede llevar a una respuesta insuficiente; además, implica un debilitamiento del marco legal para perseguir y sancionar a los responsables.
BLINDAN LA ZONA. Después de que las autoridades dieran a conocer, el domingo, que el coche-bomba que estalló en Coahuayana, Michoacán, llegó desde Colima, elementos estatales y federales montaron un operativo de vigilancia en la zona limítrofe entre las dos entidades.
A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), desplegó un operativo en el crucero Boca de Apiza.
Además, Protección Civil de Michoacán informó que llevó a cabo las evaluaciones correspondientes en escuelas y edificios aledaños a la zona del ataque.
“Como parte de estas labores, se realizaron inspecciones técnicas en los planteles educativos ubicados dentro del perímetro afectado: Centro de Atención Múltiple, Jardín de Niños Jonas Salk, Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y Escuela Primaria Lázaro Cárdenas”, se lee en un comunicado.
“Derivado de esta revisión, se confirmó que ninguna de las escuelas presenta daños estructurales que comprometan la estabilidad de los inmuebles o representen riesgo para personal docente y alumnado”, concluyó.
Sheinbaum pide explicar reclasificación del delito
› Por Claudia Arellano
La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) explique por qué en un primer momento clasificó como terrorismo el ataque con coche-bomba en Coahuayana, Michoacán, y después informó que lo investigaría como delincuencia organizada.
“La Fiscalía tiene que explicarlo. Mañana lo pueden explicar, pero tiene que ver muy claramente cómo se clasifica un delito de terrorismo en México, qué quiere decir en términos del Código Penal o delincuencia organizada y también saber exactamente qué pasó”, señaló.
Agregó: “Eso es muy importante que se haga toda la investigación y, a partir de la investigación, catalogar el delito y que todo el mundo sepa exactamente qué pasó, cuál fue la causa, quiénes son los responsables y la Fiscalía también que haga su parte en la investigación”.
La jefa del Ejecutivo federal precisó que, sobre este hecho, continúan las investigaciones y se están revisando las cámaras de vigilancia.
El sábado, tras estallar un coche-bomba frente a la sede la Policía Comunitaria en Coahuayana, la FGR informó que se había iniciado una carpeta de investigación por el delito de terrorismo.
- 5 Muertos confirmó la FGR por la explosión
Sin embargo, el domingo, aclaró que la atracción inicial de la investigación por la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas había originado interpretaciones erróneas.
Actualmente, la Fiscalía en Materia de Delincuencia Organizada es la que lidera la investigación en coordinación con las Secretarías de Defensa, Marina y Seguridad, y la Guardia Nacional.
La FGR confirmó que el atentado provocó la muerte de tres policías comunitarios, además del conductor de la camioneta y una persona más, ambos en calidad de desconocidos.
Fuentes federales informaron que, tras el hecho, el caso fue atraído por la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), lo que generó confusión en la redacción del comunicado oficial.
Cártel de Sinaloa entra y ataca en Guatemala
Por Ángel Molina
Presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa (CDS) ingresaron a territorio guatemalteco la madrugada del lunes 8 de diciembre de 2025, para atacar a sus rivales del Cártel de Chiapas y Guatemala, en varias comunidades de los departamentos fronterizos de Huehuetenango y San Marcos.
Las autoridades guatemaltecas reportaron que los ataques también ocurrieron en localidades como La Mesilla, Nentón, La Democracia y Tacaná, ubicados en la zona fronteriza con México.
- El Dato: Efectivos militares de Guatemala reforzaron su presencia en la zona e implementaron patrullajes tras los cuales encontraron armamento, explosivos y drones de vigilancia.
Según medios locales, en algunos de los incidentes se utilizaron drones, se incendiaron microbuses y se colocaron narcomensajes con amenazas dirigidas a supuestos líderes de grupos rivales, como Antonio Martínez, alias Toño, y Bladimir López Orantes.
Según reportes oficiales y medios locales, el saldo de estas incursiones incluye al menos tres personas fallecidas y un militar guatemalteco herido, quien recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro. Las fuerzas de seguridad decomisaron armas, explosivos y equipo táctico, incluido un dron utilizado presuntamente por los agresores.
En este mismo sentido, se señala que en la aldea El Carmen Chaquial, Nentón, un hombre identificado como Luis Amed Guillén Alborez fue asesinado por un comando que ingresó a su domicilio durante la madrugada.
- 1 militar resultó herido durante el enfrentamiento con presuntos sicarios
“Un grupo armado de aproximadamente 15 personas, quienes portaban armas largas, disparó en repetidas ocasiones contra la integridad física de Guillén Alborez. A simple vista se contabilizaron alrededor de 300 casquillos de proyectil de arma de fuego de calibre desconocido esparcidos en todo el perímetro de la escena del crimen”, explican las autoridades guatemaltecas.
Estas acciones reflejan la pugna territorial de cárteles mexicanos por controlar rutas de narcotráfico y migración, conflicto que ha cruzado la frontera con México. Ante la violencia, el Ejército guatemalteco reforzó los patrullajes en la zona de los enfrentamientos bajo el operativo Cinturón de Fuego.
El gobierno de Guatemala dio a conocer que ya trabaja en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, en un contexto de creciente tensión en la frontera norte.
Según reportes periodísticos, la tensión en la zona fronteriza de México y Chiapas se ha intensificado en los últimos años debido al incremento de población migrante y a la oportunidad de negocio que grupos criminales como el Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han explotado en la zona.
Según la organización Insight Crime, esta situación ha ocasionado el desplazamiento de cientos de habitantes en Chiapas, quienes han buscado refugio en territorio guatemalteco ante la violenta llegada del CJNG. Tan sólo hasta 2023, al menos seis mil habitantes del municipio fronterizo de Comalapa se vieron afectados por hechos violentos en la zona.
Asimismo, la asociación señala que, con base en filtraciones de las autoridades mexicanas, se ha detectado que en esta zona opera una red de 80 kilómetros de territorio por donde se mueven drogas y armas, en la frontera Comalapa como centro estratégico.
Durante el pasado mes de junio, México emitió una nota diplomática al gobierno de Guatemala en la que se disculpó tras un enfrentamiento que mantuvieron policías mexicanos con civiles guatemaltecos en la zona fronteriza de ambos países, en el que resultó abatido El Tío Baldemar, presunto jefe de plaza del Cártel de Chiapas-Guatemala.
