Comunidades migrantes en el sur de California manifestaron su preocupación tras revelarse un memorando interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que autoriza a agentes de la corporación a ingresar a viviendas con órdenes administrativas emitidas en casos de personas con orden final de deportación, lo que impacta directamente a la comunidad migrante y, en especial, a cuatro de cada cinco mexicanos, según la información proporcionada por la organización Pew Research Center: “dado que California está compuesto por mayoría de mexicanos”.
María Fernanda Gutiérrez, inmigrante indocumentada que reside en el sur de Los Ángeles, expresó que la medida genera miedo entre las familias: “La principal arma de este gobierno ha sido meter pánico para que uno se autodeporte, y ahora se quieren meter a lo más sagrado de una familia: su hogar”.
Además, señaló el riesgo de que delincuentes se hagan pasar por agentes migratorios para cometer delitos.
- El Dato: la vocera de seguridad de EU, Tricia McLaughlin dijo a AP que las personas con una orden administrativa ya han tenido “el debido proceso y una orden de deportación”.
De acuerdo con la información difundida, el documento fechado el 12 de enero y atribuido al director interino de ICE, Todd Lyons, establece que los agentes podrían entrar por la fuerza a una vivienda al utilizar una orden administrativa (formulario I-205) cuando exista una orden final de deportación emitida por las autoridades migratorias o tribunales.
El texto indica que los agentes deben identificarse, tocar la puerta, anunciar su presencia y explicar el motivo. También que no deben ingresar antes de las 6:00 de la mañana ni después de las 22:00 horas, y que deben emplear “fuerza razonable”.
El abogado de inmigración Alex Gálvez sostuvo que el memorando no implica que sea constitucional: “La Constitución protege a todas las personas, incluidos los indocumentados. Los agentes no pueden entrar sin una orden firmada por un juez”.
El litigante anticipó que podrían presentarse demandas judiciales para frenar este tipo de operativos y recomendó a los migrantes no abrir la puerta ante documentos que no sean órdenes judiciales.
“La mejor herramienta es guardar silencio y no iniciar conversación”, señaló.
El director de la coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes, Juan José Gutiérrez, calificó la medida como una violación a derechos constitucionales: “Desde la fundación de EU se reconoce la inviolabilidad del hogar. Sin orden judicial, ninguna autoridad puede irrumpir”.
Consideró que impacta desproporcionadamente a personas latinas y advirtió un clima de temor en sus comunidades.
Organizaciones de apoyo a migrantes señalaron que los lineamientos incrementa el miedo, pese a su alcance legal, y pidieron informarse sobre sus derechos.
El tema abre un nuevo debate sobre los límites de la autoridad migratoria y la protección de derechos civiles en EU.