Una investigación periodística internacional reveló que municiones diseñadas originalmente para uso militar en Estados Unidos han sido localizadas en múltiples escenas del crimen y enfrentamientos protagonizados por organizaciones criminales en México, lo que evidencia una nueva dimensión en el flujo de armamento que alimenta la violencia del narcotráfico.
De acuerdo con un reportaje del The New York Times, cartuchos de alto poder —principalmente calibre .50— producidos en la planta Lake City Army Ammunition Plant, en Misuri, han sido asegurados por autoridades mexicanas tras ataques armados, operativos de seguridad y decomisos en distintos puntos del país.
La instalación es propiedad del gobierno estadounidense y constituye el mayor centro de producción de municiones para rifles del Ejército de ese país.
El calibre .50 es considerado munición de uso militar pesado, diseñada para rifles Barrett y armas similares capaces de perforar blindajes, destruir vehículos y dañar aeronaves ligeras. Autoridades mexicanas han documentado su utilización por parte de grupos delictivos en ataques contra fuerzas de seguridad y en agresiones de alto impacto.
La investigación, basada en millones de registros judiciales, informes oficiales y bases de datos de incautaciones, no señala que el Ejército estadounidense venda directamente municiones a organizaciones criminales.
Sin embargo, identifica una cadena de comercialización que permite que parte de la producción llegue al mercado civil estadounidense. A partir de ahí, compradores legales, intermediarios o traficantes las trasladan ilegalmente a territorio mexicano.
Peritajes balísticos han permitido rastrear casquillos marcados con la sigla “L.C.” —correspondiente a Lake City— en escenas de violencia vinculadas con el crimen organizado.
Según el reportaje, al menos una tercera parte de la munición calibre .50 incautada en la frontera sur de Estados Unidos tiene origen en esa planta. Desde 2012 se han decomisado más de 40 mil cartuchos de ese tipo en estados fronterizos mexicanos.
La planta opera bajo contratos federales con empresas privadas. Parte de la producción puede venderse comercialmente en Estados Unidos, lo cual, según autoridades estadounidenses citadas en la investigación, reduce costos al gobierno federal al aprovechar excedentes de fabricación.
El Ejército estadounidense ha señalado que los contratistas deben cumplir las leyes vigentes, mientras que el tráfico ilegal ocurre fuera de su control directo.
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MSL